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Una mayoría de 202 diputados legaliza la eutanasia en España

Carolina Darias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido en nombre del Gobierno la Ley de la eutanasia (Foto: Congreso de los Diputados)

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Con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de eutanasia que entrará en vigor dentro de tres meses y que convertirá a España en el séptimo país en reconocer este derecho.

Esta Ley se reconoce el derecho de toda persona que cumpla ciertos requisitos ‘a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir’, que podrá revocar en cualquier momento y que formará parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.

La prestación para la ayuda a morir podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran ‘una enfermedad grave e incurable’ o un ‘padecimiento grave, crónico e imposibilitante’ que afecte a la autonomía y que genere un ‘sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable’.

Impulsada por el PSOE, la norma introduce en el ordenamiento jurídico español la eutanasia como un derecho individual entendida como ‘la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios’.

La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) salvo su artículo 17, donde se regula la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los requisitos establecidos: tener nacionalidad española, residencia legal en España durante más de doce meses, ser mayor de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud; disponer por escrito de información sobre el proceso médico y las diferentes alternativas, así como los servicios y prestaciones de atención a la dependencia; haber formulado dos solicitudes de forma voluntaria con una separación de al menos quince días naturales; sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir.

En los casos los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, siempre que haya firmado anteriormente un  documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de que el paciente haya nombrado un representante en ese documento, este será el interlocutor válido para el médico responsable.

La norma también recoge la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, que ‘verificará de forma previa y controlará a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece’.

Cada Comisión de Garantía y Evaluación, que deberá crearse en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del artículo 17, estará formada por un mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.

Las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la misma entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general. Asimismo, difundirán entre el personal sanitario los supuestos contemplados en ella a los efectos de su uso correcto y general conocimiento.

Por otro lado, los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia y las administraciones sanitarias deberán crear un registro de estos profesionales objetores, que será confidencial.

Tras su paso por el Senado se han acordado, entre otras modificaciones, introducir un inciso en el apartado 4 del artículo 6, permitiendo que el médico que trata al paciente y que presenta la solicitud de prestación de ayuda para morir pueda acceder al documento de instrucciones previas, al de voluntades anticipadas o documento equivalente. 

Asimismo, se modifica el apartado 2 del artículo 7, que regula el plazo para la denegación de la prestación de ayuda para morir, y se establece que el cómputo del plazo para presentar reclamaciones contra dicha denegación debe ser en días naturales.

Por último, también se ha acordado en la Cámara Alta una modificación del apartado 3 del artículo 8, de tal forma que el plazo máximo de diez días naturales que tiene el médico consultor para corroborar el informe del médico responsable queda referenciado a la segunda solicitud de la prestación de ayuda para morir. Además, se introduce en este mismo apartado un  plazo máximo de veinticuatro horas para comunicarle al paciente las conclusiones del médico consultor.

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