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Torrent pide amparo para los ‘presos del procés’ en la ONU

Roger Torrent

Roger Torrent presidiendo una reunión de la Mesa del Parlament

El presidente del Parlament catalán se reunirá en Ginebra con miembros de la ONU ante los que denunciará «la vulneración de derechos fundamentales»

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, se reunirá el miércoles y jueves en Ginebra con miembros de Naciones Unidas.

El objetivo de Torrent es «defender los derechos políticos de todos los diputados y denunciar las injerencias ilegítimas del Estado en el Parlamento de Cataluña».

Torrent aprovechará su viaje para mantener contactos con los prófugos de la Justicia española a quienes los independentistas se refieren como «cargos electos del país».

El viaje del presidente de la Cámara regional se produce seis días después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera denegara a Jordi Sánchez permiso para salir de la cárcel y acudir al debate de su investidura, lo que se convirtió en el segundo intento fallido de convertirse en presiente de la Generalitat.

Según Torrent y los partidos soberanistas catalanes, la postura de Llanera «contraviene la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instaba al Estado a garantizar sus derechos políticos». Una «resolución» sobre la que el juez del Supremo ya dio la respectiva respuesta y aclaración en el auto en el que denegó al candidato de JxCat salir de prisión.

Tras reunirse la Mesa y la Junta de Portavoces esta mañana en el Parlament, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido que su partido pedirá explicaciones para asegurar que «los viajes por Europa del presidente del Parlament no los pagan todos los catalanes».

Carrizosa ha criticado el «nuevo atropello» cometido por los partidos independentistas con Ciudadanos, ya que han rechazo que en el próximo pleno del 25 de abril no se puedan debatir las propuestas de la formación naranja sobre «los recientes acontecimientos políticos sucedidos en Cataluña» a pesar de que «cumplían los requisitos para ser vistas en el pleno». Una de ellas trata sobre la última manifestación en Barcelona en la que participaron los sindicatos UGT y CCOO y, la otra, «en favor de la convivencia y condena de la violencia en Cataluña».

El portavoz de Cs también se ha referido a la delegación del voto de Carles Puigdemont y, en este sentido, ha instado al Gobierno de España a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) teniendo en cuenta que el propio Consejo de Estado considera «inconstitucional que deleguen su voto los diputados que estén residiendo voluntariamente en el extranjero». Si el Gobierno de España no «toma cartas en el asunto», desde Ciudadanos estudiarán si acuden al TC.

Pase lo que pase y haga lo que haga Cs, Torrent se irá a Ginebra después de que ayer el juez Pablo Llanera, comenzase a comunicar a los acusados por rebelión, sedición y malversación sus autos de procesamientos.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras intentó rebatir la acusación de malversación que se le imputa por su participación en el referéndum del 1 de octubre. Junqueras dijo que «no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso» soberanista en Cataluña. El ex vicepresidente catalán, que solo respondió a las preguntas de su abogado, también señaló que «convocar un referéndum no es delito», a pesar de que la convocatoria fue suspendida por el Tribunal Constitucional, e insistió en el carácter «pacífico» del proceso soberanista, tras lo que volvió a reclamar una solución política y a criticar la judicialización del procés.

Por su parte, el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, reprochó al juez instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto. Sánchez, procesado por rebelión, también acusó a Llarena de no actuar con independencia y calificó el proceso judicial de «causa política» contra el independentismo. También el ex presidente de Òmnium. Jordi Cuixart denunció que considera el proceso judicial como una vulneración de su libertad ideológica.

Y en la Audiencia Nacional, la otra instancia judicial que se ocupa de juzgar a los acusados por rebelión y sedición, el ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, recurrió el auto con el que la juez Carmen Lamela le notificó personalmente su procesamiento por sedición y organización criminal.

En el recurso, Trapero alegó que se desmarcó ante el Govern del referéndum y que se puso a disposición de los jueces y la Fiscalía para cumplir sus «órdenes» tras la aprobación de la declaración de independencia, a la vez que comunicaba que le cuerpo policial continuaría garantizando la seguridad ciudadana y el orden público.

El ex jefe de la policía autonómica expuso que antes de la consulta del 1-O mantuvo dos reuniones en el Palau de la Generalitat con el entonces presidente, Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, en las que trasmitió su «preocupación» porque se mantuviera el referéndum, ya que podría generar problemas para la seguridad ciudadana.

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