Socialcomunistas y soberanistas se alían para expropiar casas
El presidente del Govern, Pere Aragonés, en el centro, junto a la presidenta de la Cámara autonómica, Laura Borrás, y miembros de la plataforma Stop Desahucios, tras la aprobación de la ley (Foto: Parlament)
El Parlamento catalán aprueba la ‘Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional’
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer por la tarde la Ley que permitirá a las autoridades expropiar viviendas vacías y facilitará a los ‘okupas’ permanecer en propiedades privadas sin pagar nada.
Impulsada conjuntamente por los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y Juntos por Cataluña (JxCat), los antisistema de la CUP y los comunistas de En Común Podemos (ECP) la iniciativa ha obtenido 110 votos a favor porque también contó con el respaldo de los socialistas (PSC) liderados por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Los once diputados de VOX votaron en contra, mientras Ciudadanos y el Partido Popular de Cataluña (PPC) no participaron en la votación al no admitir los promotores de la ley un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre su constitucionalidad.
El texto aprobado modifica las leyes autonómicas 18/2007, 24/2015 y 4/2016 e incrementa el 15% el parque de vivienda social en 152 municipios con una fuerte demanda social, destina a alquiler social el 5% de las viviendas de primera residencia y ayuda a las familias potencialmente excluidas del mercado de la vivienda.
Para ello, la ley califica como viviendas vacías las que han estado desocupadas de forma permanente e injustificada más de dos años y prevé su expropiación forzosa ‘por incumplimiento de su función social’.
Asimismo, considera ‘grandes tenedores’ a los propietarios de más de diez viviendas y dispone que los contratos de alquiler social deben renovarse obligatoriamente si sus ocupantes continúan en ‘exclusión residencial’ y la obligación de ofrecer alquileres sociales antes de interponer una demanda judicial por deudas hipotecarias u otras demandas de desahucio. Además, amplía la duración mínima de estos contratos.
Estos aspectos de la norma recién aprobada chocan frontalmente con varios artículos de la Constitución española: El 149.1. sexta y octava, el 38 y el 139.1 completo porque ataca directamente el principio de la autonomía de la voluntad, genera desigualdades intolerables a nivel jurídico en todos los españoles e invade las competencias exclusivas del Estado sobre la legislación procesal y sobre las bases de las obligaciones contractuales. Así se lo recordó el representante de VOX a independentistas, comunistas y socialistas durante el debate parlamentario. Elisa García Fuster auguró que, al igual que ocurrió con el anterior decreto sobre Vivienda aprobada por la Cámara autonómica, esta ley también será tumbada por el Tribunal Constitucional.
García Fuster tiene motivos para pensar así. El Constitucional ya rechazó en enero de 2021 a instancias del PPC, un decreto con el que el Govern quería hacer lo mismo que ha hecho ahora con esta ley. Puede leer la sentencia aquí. Además, hace un mes la vivienda fue objeto de un dictamen emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, al analizar el proyecto de ley de Vivienda del Gobierno de España, alertó sobre su ‘inviolabilidad’.
