Ratificada la división en piezas de la macrocausa de los ERE

Francisco Javier Guerrero

La jueza considera prioritario resolver sobre la legalidad o no del procedimiento utilizado en la Junta para la concesión de las ayudas públicas

La titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla insiste en que para investigar y enjuiciar a las personas penalmente responsables en el caso de los ERE falsos es esencial que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado por la Junta para conceder ayudas, así como el pronunciamiento sobre las investigadas «sobrecomisiones».

Según la jueza, que desestima las intenciones de los ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, si no se sigue ese orden podrían ocasionarse sentencias judiciales contradictorias tras juzgar cada una de las piezas.

La jueza expone este criterio en un auto en el que desestima el recurso del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Guerrero, quien se muestra en contra de lo acordado por la juez, que dividió en piezas la macrocausa de los ERE a mediados del año pasado.

Como explica la magistrada, «cada ayuda puede ser instruida y enjuiciada de forma separada sin causar indefensión y permitiendo un estudio más detallado y pormenorizado de cada una de las ayudas, de los elementos objetivos y subjetivos en los sujetos activos, tanto concedentes como perceptores».

Sin embargo, indica que «es esencial que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado, sobre si las comisiones pactadas eran elevadas o, en su caso, ajustadas a normas del mercado y, si eran sobre comisiones pactadas, si ello pudo suponer un menoscabo del erario público al ser la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantiza una participación ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía».

Como describe la jueza, la envergadura y complejidad de la causa hace imposible un diseño apriorístico de todas y cada una de las piezas, teniendo además en cuenta que algunas de las ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales están aún en fase de investigación policial y ni tan siquiera se hallan en fase judicial más de 150 ayudas. Por ello, «para determinar el diseño del resto de las piezas es una cuestión esencial que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado».

Para evitar más dilaciones y perjuicios a los investigados, lo que hay que hacer -se puntualiza en el auto- «es poner todos los medios personales y materiales necesarios para que pueda haber un enjuiciamiento rápido«.

Por otro lado, la jueza de Instrucción desestima el recurso presentado por el también ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez Contreras aduciendo que «la diversidad de conductas investigadas y el volumen de las mismas abarcando un número aproximado de 200 ayudas, hace difícil realizar una conclusión sobre la existencia del delito continuado sin un previo análisis pormenorizado de todas y cada una de las ayudas, sobre todo en fase de instrucción».