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Quim Torra incluye en su Govern a dos presos y dos huidos

Quim Torra

Torra firma las designaciones de los miembros de su Govern

Son Josep Rull y Jordi Turull, en prisión, y Lluís Puig y Antoni Comín, huidos en Bruselas

El Gobierno de España «analizará la viabilidad» de la presencia de consejeros encarcelados y fugados en el nuevo gobierno regional

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio a conocer ayer el nombre de los componentes de su nuevo gobierno, entre los que incluye a dos ex consejeros que permanecen en prisión preventiva y a otros dos que permanecen huidos de la justicia.

Con ello persiste en su apuesta de restituir el anterior Govern de la Generalitat, suspendido en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Josep Rull y Jordi Turull, ambos recluidos en la prisión Estremera, son los designados para ocupar los departamentos de Territorio y Presidencia, respectivamente. Lluís Puig, por su parte, se encuentra prófugo de la Justicia española en Bruselas, cuyas autoridades judiciales han decidido no extraditarle. Ha sido elegido por Torra para hacerse cargo de la cartera de Cultura. También huido de la Justicia está Antoni Comín, único ex consejero de ERC que repite en el Govern, al frente de la cartera de Sanidad.

Junts per Catalunya y ERC se han repartido a partes iguales las 14 consejerías del Gobierno catalán. Los consejeros propuestos por la lista de Carles Puigdemont son Elsa Artadi (portavoz y titular de Empresa), Miquel Buch (Interior), Jordi Puigneró (Políticas Digitales y Administración Pública) y Josep Bargalló (Enseñanza). Dos exconsejeros de esta formación han declinado volver al Govern: la extitular de Enseñanza Clara Ponsatí y el responsable de Interior Quim Forn, que también está en prisión preventiva. ERC, por su parte, cuenta con siete consejeros: Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía), Ernest Maragall (Exteriores), Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Asuntos Sociales y Trabajo) y Teresa Jordà (Agricultura).

Nada más conocerse el nombre del nuevo gobierno de Torra los partidos catalanes constitucionalistas criticaron lo que consideran una «provocación» de Quim Torra. «Así no se puede levantar el 155», advirtió la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. «No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática», dijo en un tuit.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, se mostró convencido que «el Gobierno y las instituciones democráticas darán la respuesta adecuada a este desafío y a esta provocación».

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, calificó de grave error el nombramiento de consejeros que no podrán ejercer sus cargos de forma efectiva y criticó que es «inexcusable no atender un mínimo criterio de paridad».

También Catalunya En Comú Podem descalificó el Govern decidido por Torra indicando que «está más pendiente de Berlín que de la Cataluña que quiere avanzar». Y a través de Twitter, la formación lamentó la falta de paridad del Govern de Torra, al que acusó de «no escuchar a la Cataluña de la huelga feminista».

Por su parte, el Gobierno de España emitió un comunicado en que califica la formación del Govern propuesto por Torra como «una nueva provocación» que demuestra que la «voluntad diálogo» manifestada en varia ocasiones por Torra «no es sincera».

En principio los consejeros tomarán posesión de sus cargos el miércoles, 23 de mayo, en el Palau de la Generalitat pero el Ejecutivo «analizará la viabilidad» de la presencia de consejeros encarcelados y fugados.

En opinión del Gobierno, el nuevo presidente de la Generalitat «ha desaprovechado una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana».

A Mariano Rajoy le apoya el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cree que incluir en el nuevo Govern a consejeros presos o huidos, demuestra, sobre todo, «la nula voluntad que tiene de dialogar». Sánchez apoyará que el Gobierno rechace estos nombramientos y que se siga aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

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