Puigdemont reforma el Govern ante la hostilidad del Gobierno
Puigdemont y Junqueras ayer en rueda de prensa
El presidente de la Generalidad cambia a tres diputados de su Partido, el PDeCat, por 3 de ERC para afrontar la recta final del referéndum
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,sustituyó ayer a tres personas de su Govern «para encarar la recta final del referéndum del 1 de octubre».
Puigemont relevó a tres consejeros y al secretario de Gobierno «por personas más comprometidas con la consulta». La hasta ahora consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Neús Munté, ha sido sustituida por Jordi Turull; la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, ha sido reemplazada por Clara Ponsatí, mientras que la consejería de Interior pasará a dirigirla Joaquim Forn, quien sustituirá a Jordi Jané. Víctor Cullel es el nuevo secretario del Ejecutivo catalán.
Puigdemont, que presentó a su nuevo Ejecutivo junto a su vicepresidente, Oriol Junqueras, aseguró que los cambios han sido muy meditados ante la «creciente y permanente hostilidad» del Gobierno de España.
El presidente catalan insistió en que la legislatura acabará el 1 de octubre «con un referéndum de autodeterminación». «Al día siguiente empezará una nueva etapa en función de la voluntad de los catalanes. O bien será una nueva etapa autonómica, si gana el no, o bien una en que Cataluña empezará a caminar como Estado independiente», añadió.
Preguntado sobre el hecho de que todos los consejeros destituidos fueran del PDECat y ninguno de ERC, Puigdemont y Junqueras insistieron en que forman «un solo equipo». Junqueras añadió que el PDECat es un partido «tan importante para Cataluña» que «resulta del todo imprescindible para llevar a cabo el proceso independentista.
Sin embargo, desde la CUP, el partido que ha permitido a Puigdemont aprobar los Presupuestos de 2017, que, por cierto, han sido declarados ilegales por el Tribunal Constitucional, Núria Gibert califica de buena noticia que cesen los consejeros «más autonomistas impuestos por Artur Mas».
En consonancia con la proximidad del 1-O, se ha creado un órgano de coordinación política de las actuaciones referidas al referéndum, integrado por Puigdemont, Junqueras, el secretario del Consell Executiu y el secretario general de la vicepresidencia.
Los partidos de la oposición consideran agotada la legislatura. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dijo que la «purga» de Puigdemont «no va a solucionar nada» porque sólo está pensada para gestionar «los últimos momentos del proyecto separatista». Según la diputada naranja, el 1-O se constatará «un nuevo fracaso de Puigdemont» porque no va a haber urnas. En este sentido, espera que Puigdemont «ponga las urnas de verdad» convocando elecciones y permitir a Cataluña «recuperar su futuro».
Para el líder del PSC, Miquel Iceta, la legislatura está «en fase de descomposición política» con un Govern que «ha perdido toda credibilidad». Xavier García Albiol, del PPC, criticó el «casting» para elegir «mártires» dispuestos a «ser inhabilitados o perder el patrimonio de su familia» por el 1-O. Esto lo dijo a cuenta de que se baraja la idea de que aquellos que colaboren con la organización del referéndum ilegal puedan llegar a pagar una multa de 600.000 euros. Ante esta perspectiva, el líder de ERC y vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, anunció que el Govern tomará a partir de ahora todas las decisiones sobre la consulta «de forma solidaria y corresponsable».
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la remodelación del Govern es una «purga a los dudosos» con el referéndum, lo que supone el triunfo del «radicalismo». «Hoy hemos asistido a una muestra más de la deriva autoritaria que rompe cada día las leyes y las normas que nos hemos dado entre todos», apuntó. Según dijo, la Generalitat no tiene reparo en «quebrar el interés general», «romper las leyes» e ir «contra los catalanes y contra Cataluña». «¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?», se preguntó.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que los independentistas «no quieren dialogar», sino imponer un referéndum «ilegal», e hizo hincapié en que el Ejecutivo lleva «muchísimo tiempo ejerciendo y proponiendo diálogo». «Pese a las cosas que vemos, el Gobierno sigue dispuesto a hablar, pero dentro de la ley», añadió, y emplazó a la Generalitat a sentarse a hablar pero «con voluntad de llegar a acuerdos».
