Los jueces investigan a los Mossos por un delito de desobediencia
«Manos en popa»…
Hay diligencias previas abiertas en varios juzgados de guardia de Cataluña
La pasividad de los Mossos d’Esquadra durante el día de hoy en Cataluña ha originado varias denuncias en los juzgados de guardia de Cataluña.
La Policía autonómica tenía que haber impedido hoy la votación del referéndum de independencia.
Así lo ordenó la magistrada instructora de la sala Civil y Penal del TSJC el 27 de septiembre. En un auto ordenó a los Mossos «impedir hasta el 1 de octubre la utilización de los locales o edificios públicos -o aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum» y «requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado de dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan».
Pero los mossos no han hecho nada para cumplir con su obligación y esta mañana el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha cargado duramente contra su actitud, responsabilizándoles de haber obligado al Gobierno a «hacer lo que no quería hacer».
En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona, Millo ha dicho que «los Mossos debían evitar que se abrieran los mal llamados colegios electorales» pero «lamentablemente se ha impuesto la línea política por encima de la profesional y ha obligado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a actuar».
Los agentes comandados por el mayor Trapero pueden haber cometido un delito de desobediencia o de omisión de perseguir el delito contemplado en el artículo 408 del Código Penal y penado con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Los directores de los colegios públicos donde se ha permitido votar también son responsables, según el Ministerio de Educación.
Esta «desobediencia» ha provocado enfrentamientos entre policías y guardias civiles y agentes catalanes. Pero también ha llevado a muchos particulares a denunciarlo ante los juzgados de guardia abiertos por orden expresa del Consejo General del Poder Judicial.
Así, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona se ha abierto diligencias previas tras la denuncia de un particular contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar.
También el Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell ha abierto diligencias previas por una denuncia contra la Generalitat por el uso de sus datos, una denuncia contra Mossos d’Esquadra por no actuar en un CAP que ha abierto para votar y dos denuncias por votaciones ilegales.
El Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell instruye diligencias por tener constancia de que los agentes autonómicos han permitido la votación en, al menos, en siete emplazamientos. En Lérida, el Juzgado de Instrucción número 4 también ha abierto diligencias por lo mismo. Se ha pedido información a Mossos d’Esquadra.
En el Juzgado de Instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès se han registrado varias denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar. La causa está abierta por un delito de desobediencia y la magistrada ha solicitado información a los Mossos d’Esquadra.
Por último y hasta el momento, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma de Gramenet ha abierto diligencias previas tras presentar un particular una denuncia contra los Mossos por su inactividad en un colegio abierto para votar.
Durante toda la mañana los Mossos han evitado cumplir con su obligación y clausurar los centros designados por la Generalitat para votar. Ante esta situación, han sido los miembros de Policía y Guardia Civil los que han hecho frente a los independentistas violentos que se han empeñado en votar en un referéndum ilegal. A las 17:00 horas Policía y Guardia Civil habían cerrado 92 colegios electorales a lo largo de toda Cataluña. En concreto, los agentes de la Policía Nacional han clausurado 46 colegios (27 en Barcelona, 6 en Tarragona, 6 en Gerona y 7 en Lérida) y los agentes de la Guardia Civil otros 46 (14 en Barcelona, 12 en Tarragona, 8 en Gerona y 12 en Lérida).
Durante los cierres se han registrado algunas cargas policiales y los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a tres personas, una de ellas menor de edad, por delitos de desobediencia y atentado a agente de la autoridad.
Los agentes se han visto acosados, hostigados e incluso agredidos en numerosas ocasiones. De hecho, 9 policías nacionales y 3 guardias civiles han resultado heridos hoy en el ejercicio de sus funciones en contra el referéndum ilegal. También ha habido algunos heridos entre los «golpistas». El Govern de Carles Puigdemont eleva la cifra de heridos hasta los 890. Los incidentes más graves se han producido en Sant Carles de la Ràpita, donde los nacionalistas han lanzado piedras a la Guardia Civil.
El comportamiento que hoy han tenido los miembros de los mossos en algunos puntos de Cataluña, en los que además de incumplir las órdenes judiciales se han enfrentado y atacado a agentes de la Guardia Civil, es para la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) «vergonzoso e indigno de un cuerpo de seguridad el comportamiento».
«Hoy los mossos han demostrado que no están al servicio de la ciudadanía sino al servicio político. La imagen de su dejadez a la hora de cumplir las órdenes judiciales, su actitud cobarde dejando que sean los miembros de las FCS los que hagan su trabajo y, en el colmo del despropósito, su ataque a los compañeros de la Guardia Civil son una imagen que difícilmente se podrá olvidar», critican desde AEGC.
Por todo ello, la AEGC ha pedido a su equipo jurídico que se persone como acusación particular en cuantas acciones legales se emprendan contra los mossos que han participado en estas agresiones y hayan sido identificados. Denuncia que estudian ampliar también al Mayor de los mossos como responsable último de esta actitud de laxitud ante las órdenes judiciales.
También la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) está decepcionada «por la falta de colaboración de determinados miembros de los Mossos, que, pese a deberse a las mismas disposiciones judiciales que los guardias civiles y policías nacionales, han eludido sus compromisos profesionales».
Para la AUGC resulta de todo punto inadmisible que en un Estado de derecho se produzcan acciones como las que hoy se han dado entre los Mossos. «Que unos policías que se deben a la legalidad hayan procedido con una dejadez de funciones y actuaciones laxas supone una situación surrealista e incomprensible en una democracia», señalan.
AUGC se personará como acusación popular contra aquellos mossos o mandos de este cuerpo que consideren han incumplido sus obligaciones profesionales en relación a la convocatoria ilegal que hoy se ha producido en Cataluña.
