Los jueces españoles suplican amparo a la Comisión Europea

Los jueces españoles agotan todos los cauces legales en su defensa

Por el ‘apagón’ y ‘desapoderamiento’ del CGPJ que supone la reforma de la LOPJ aprobada en el Congreso por PSOE y Podemos con sus socios independentistas y proetarras

Tres asociaciones de jueces españoles -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han remitido una carta a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que exponen la ‘situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España’ por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada recientemente en el Congreso por PSOE y Podemos con el apoyo de sus socios independentistas y proetarras.

La reforma en cuestión limita las funciones del actual órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en tanto en cuanto se encuentre en funciones.

Además, los partidos en el Gobierno -socialistas y comunistas- pretenden rebajar la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras necesaria para designar a los integrantes del CGPJ, politizando aún más si cabe la Justicia española.

Esto supone, como se encargan de señalar los jueces, ‘el apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación,…), y con ello su independencia e imparcialidad’. Esta actuación del Ejecutivo socialcomunista, continúan los magistrados, ‘pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y por lo tanto, del propio Derecho de la Unión’.

Por todo ello los jueces piden a la Comisión Europea que inicie el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Puede leer aquí la carta íntegra enviada por los jueces españoles a Bruselas