Los fiscales alegan que no pueden frenar la inseguridad en Barcelona

Ada Colau repite al frente de la alcaldía de Barcelona

Ante el repunte de los robos con violencia y la creciente inseguridad en la ciudad condal piden reformas en el Código Penal

Al final va a ser que sí, que en la ciudad de Barcelona la inseguridad ha desbordado. Aunque lo niegue la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que acusa a los alarmistas de querer hundir la reputación de la urbe.

Y no sólo porque lo digan en Ciudadanos (Cs), cuyo líder, Albert Ribera, ha anunciado este lunes que su formación va a presentar una reforma del Código Penal «para atacar el agujero legislativo y penal de la reincidencia de los atracadores”.

Ha sido esta mañana cuando el presidente de la formación «liberal» ha cuestionado que “los ladrones se las saben todas y reinciden, practican robos de cuantías menores y no pisan la cárcel”, al tiempo que ha destacado que le preocupa «que los atracadores campen a sus anchas». La solución de Ribera es «reforzar la presencia policial en las calles” y cumplir con “su deber como parlamentarios» que «es presentar leyes”.

Las cifras que maneja Interior reflejan que durante el primer semestre del año ha habido en Barcelona 3.549 robos con violencia. En Madrid, una ciudad con el doble de población, se han cuantificado 2.543 de estos robos. Lo peor es que sólo este verano se han registrado en Barcelona hasta 8 homicidios (entre 12 y 14 en lo que va de año). Los carteristas se hacen de oro en el metro y en las calles de la ciudad. Y los menas, los menores no acompañados, ni siquiera están contabilizados.

Pero como se ha apuntado no es porque lo digan los datos o Albert Ribera o Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, grupo que incluso pidió a Interior que reforzase la seguridad en la ciudad condal enviando a más efectivos policiales; o el presidente del Partido Popular Catalán, Alejandro Fernández, quien ha propuesto esta misma tarde más efectivos policiales, una redefinición de la ley de barrios, una ley antiocupas, más multas por incivismo y el retorno de los ‘menas’ que hayan delinquido. Sino porque lo piden los fiscales desde el poder judicial.

La Asociación de Fiscales pone de manifiesto hoy que ellos actúan conforme al principio de legalidad e imparcialidad en defensa del interés público tutelado por la Ley. Y que ante el repunte de delitos leves de hurto, de delitos de robo con violencia y de  delitos contra la vida y la integridad de las personas en la ciudad de Barcelona, siguen actuando, como siempre han hecho, con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

«Ahora bien» -alertan- «hemos detectado que las herramientas de las que estamos dotados para hacer frente a los delitos leves de hurto son escasas y poco disuasorias para quienes se dedican a ello de forma habitual; de ahí que hayamos pedido una reforma de la regulación que, en el delito leve de hurto, permita tener en consideración la multirreincidencia para convertirlos en delitos menos graves, de forma que la pena a imponer supere la categoría de pena leve de multa y pasen a ser penados con pena de prisión, lo que provocaría un importante efecto de prevención especial y general».

Por su parte, la medida de prisión provisional, como medida limitativa del derecho fundamental a la libertad deambulatoria, solo puede solicitarse cumpliendo determinadas garantías y bajo determinados requisitos tasados por la Ley, siempre que existan indicios racionales de criminalidad contra persona determinada.

El concepto de “alarma social” que el delito cometido genera en la sociedad fue suprimido por voluntad del legislador del ordenamiento jurídico como justificación para acordar la prisión provisional, por lo que no puede ser tenido como sustrato de la petición de prisión por parte de la Fiscalía.

Aquí recuerdan los fiscales que «es exclusivamente el Poder Legislativo, esto es, los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes dictan las Leyes y reforman los Códigos». Y por si no fuera poco lo ya dicho por los fiscales en contra de los políticos, añaden que también «depende exclusivamente de la voluntad política dotar de plantilla adecuada a Fiscales y  Jueces, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y proveer a todos ellos de los medios materiales necesarios para poder actuar con mayor eficiencia y celeridad en la lucha contra todo tipo de criminalidad».