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Los directores son responsables de lo que ocurra en sus colegios

Clara Ponsatí

LA consejera de Educación catalana, Clara Ponsatí

La consejera de Enseñanza de la Generalitat los ha suspendido temporalmente

El Ministerio de Educación ha avisado a los directores de los colegios públicos catalanes de que a pesar de que la consejera de Enseñanza de la Generalidad «les ha suspendido en funciones» hasta después del 1 de octubre no están exentos de responsabilidad (penal o de cualquier otro tipo) por los actos que se celebren en sus colegios relacionados con la organización del referéndum ilegal.

Esta mañana la consejera de Educación, Clara Ponsatí, ha anunciado que asume las funciones de los directores de colegios con el objetivo de eximirles de responsabilidad jurídica de cara al referéndum. La medida es temporal y durará hasta el 2 de octubre a las siete de la mañana.

Sin embargo, explican desde el ministerio de Íñigo Méndez de Vigo que la «avocación de competencias» es una prerrogativa reconocida en derecho para permitir que un órgano administrativo pueda asumir la competencia de asuntos concretos que corresponde a un órgano jerárquicamente dependiente o al que se le ha delegado previamente la competencia afectada por la avocación.

A pesar de esto, explican desde Educación, la resolución firmada por la Generalidad de Cataluña no se refiere a una competencia concreta, ni identifica quienes son los órganos afectados -presuntamente los directores de los centros- ni las potestades que dejan de ejercer –la autorización de uso de los centros docentes-. Únicamente, se refiere de forma imprecisa a «la competencia que tienen atribuidas las personas responsables de los equipamientos educativos», es decir, todas las autoridades educativas en Cataluña. Estos términos genéricos son incompatibles con la naturaleza de la avocación y su regulación jurídica.

O sea, que las resoluciones de avocación sólo pueden adoptarse cuando concurran razones de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

En este caso -argumentan- no concurrirían las circunstancias que justifican la avocación. Por lo tanto, se habría dictado en flagrante fraude de ley y con absoluta ausencia de motivación.

Por ello, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se considera que -de acuerdo con el marco normativo- la resolución de la consejera de Educación es nula de pleno derecho, ya que vulnera de forma manifiesta las normas que rigen la avocación y es contraria al ordenamiento jurídico.

De acuerdo con lo expuesto, y a pesar de la presunción de validez de los actos administrativos, la nulidad de pleno derecho de la resolución de avocación determinaría que los directores de los centros no quedarían exentos de responsabilidad (penal o de cualquier otro tipo) por las actuaciones relacionadas con la organización del referéndum ilegal, terminan.

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