Lluvia de denuncias contra el consejero de Educación catalán
El consejero catalán José González Cambray se niega a cumplir las sentencias judiciales (Foto: Generalidad)
González Cambray ha incurrido en los delitos de desobediencia y prevaricación al no cumplir la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en los colegios catalanes
El consejo de Educación de Cataluña, José González Cambray, y otros altos funcionarios de su departamento tendrán que responder ante los tribunales por los delitos de desobediencia y prevaricación.
Todos ellos han sido denunciados por estos delitos ante Sala de lo Penal y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por Hablamos Español, Convivencia Cívica Catalana y Ciudadanos.
Tanto las asociaciones como el grupo político liderado por Inés Arrimadas han optado por llevar a González Cambray ante la Justicia por haber incumplido la sentencia del TSJC, avalada por el Tribunal Supremo, que obliga a todos los colegios catalanes a impartir la menos el 25 por ciento de las clases en castellano.
El 16 de diciembre de 2020 el TSJC dictó Sentencia, a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que obligaba a la Generalidad de Cataluña a ‘adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar que, en los sistemas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso’. Esta Sentencia fue recurrida sin éxito por la Generalidad convirtiendo en firme la sentencia del TSJC. El 21 de enero de 2022 el Tribunal comunicó a la Generalidad la firmeza del fallo judicial.
El 4 de mayo los tribunales requirieron al consejero de Educación para que dictara instrucciones a todos los centros educativos de Cataluña. En el plazo de 15 días Cambray debía adoptar las medidas necesarias para que al menos el 25 por ciento de las clases se impartan en español/castellano en todos los centros. Dicho plazo terminó ayer, día 31de mayo, sin que se haya dictado resolución en tal sentido. Antes al contrario, se han dictado instrucciones en las que se insta expresamente a desobedecer el mandato efectuado por la Sala.
En las denuncias presentadas hoy las acusaciones aportan suficiente documentación para demostrar que González Cambray, además de desobedecer las órdenes del Tribunal, ha instado mediante instrucciones enviadas a los directores de los colegios a no modificar sus proyectos lingüísticos y a no ofrecer clases en castellano.
Además de la documentación aportada por los defensores de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, el tribunal puede escuchar lo que ha dicho el propio consejero catalán durante un desayuno informativo celebrado en Barcelona esta mañana. Allí, González Cambray se ha referido al decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Pere Aragonés para burlar la sentencia del TSJC. Según el consejero esa norma ‘hace que la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos educativos recaiga 100% en el departamento de Educación y aboga por la inaplicación de porcentajes en el aprendizaje con una u otra lengua en las escuelas’. Asimismo, Cambray ha declarado que ha dado unas instrucciones ‘muy claras’ a los centros educativos para que puedan verificar que su proyecto educativo se adecua a la nueva normativa.
A falta de nuevas resoluciones judiciales, el delito de desobediencia lleva aparejada una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. En el caso del delito de prevaricación la condena podría suponer de siete a diez años de inhabilitación.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) se ha sumado a las denuncias contra la Consejería de Educación catalana presentando un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC solicitando que requiera personalmente al consejero de Educación para que de manera inmediata y efectiva dicte las instrucciones necesarias para que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en cada una de las lenguas oficiales en el curso 2022- 2023. Puede leer aquí el contenido íntegro de este escrito de alegaciones.
