La Fiscalía ordena a los Mossos que investiguen e impidan el referéndum

José Luis Trapero, jefe de los Mossos (Foto: Twitter)

El Tribunal Constitucional suspende la «ley de transitoriedad catalana»

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se reunió ayer con el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y con los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para comunicarles que deben «adoptar las medidas necesarias» para intervenir los «efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal».

Concretamente, la instrucción de la Fiscalía incluye requisar «urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».

Tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional -específicamente el auto del 14 de febrero y las providencias de 7 de septiembre pasado- queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación.

La prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin, sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (art. 410.1 CP, penado con multa e inhabilitación especial), en cuanto supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC; prevaricación (art. 404 CP penado con inhabilitación especial), al adoptarse resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico; y malversación de caudales públicos (previsto en el art. 432 CP y penado con prisión de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta veinte años) en tanto se dispondría de fondos públicos para la realización de actividades delictivas.

Tras su reunión con el fiscal Trapero dirigió un comunicado interno a todos los agentes de la policía autonómica catalana en el que adjunta las instrucciones de la Fiscalía para que se lleven a cabo las acciones policiales correspondientes ante actos que ejecuten «autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigidos a preparar y celebrar el referéndum de autodeterminación».

Trapero también comunicó en esta orden que la Comisaría de Información será la encargada de centralizar todos los atestados de cada actuación.

Tras las órdenes dadas por la Fiscalía, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, subrayó que la «prioridad absoluta» de los Mossos es «perseguir terroristas y evitar atentados» y no retirar urnas. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió «dejar tranquilos» a los Mossos porque su «prioridad» no es «retirar urnas», sino «velar por la seguridad de la gente».

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que los Mossos, funcionarios «al servicio de los ciudadanos y al servicio de la ley», cumplirán las órdenes que reciban los jueces y fiscales en su calidad de Policía Judicial dentro de la respuesta al proceso independentista.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer un auto en el que considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellersde su Ejecutivo «habrían utilizado arbitrariamente» sus «potestades» al convocar un referéndum de independencia, y, por lo tanto, podrían haber cometido un delito de prevaricación.

El TSJC argumenta los motivos por los que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el presidente de la Generalitat y el resto de miembros del Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

La Sala sostiene que existen indicios de que los miembros del Govern pudieron incurrir en un delito de malversación, que lleva aparejado penas de cárcel, dado que los decretos por los que se convocó el referéndum «suponen a la vez el inicio de un procedimeinto que va a incidir en el ámbito del gasto público», con varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas.

El TSJC también aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa, aunque por el momento no entra a pronunciarse sobre el delito de malversación.

El «alto» tribunal catalán también ha notificado a las dirección de TVE y Catalunya Ràdio su obligación de «impedir o paralizar» iniciativas que supongan «ignorar o eludir» la decisión del Tribunal Constitucional.

Mientras, en Madrid, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la ley de transitoriedad catalana tras admitir el recurso del Ejecutivo central.

También en la capital de España el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha obligado al Ayuntamiento de la capital a suspender cautelarmente el acto de apoyo del referéndum de Cataluña convocado para este domingo en Matadero, una instalación de titularidad municipal.