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El TSJA deja en el limbo la propiedad de La Seo

La Seo

Interior de La Seo (Turismo de Aragón)

Estima los recursos presentados por el consistorio gobernado por Pedro Santiesteve contra la suspensión del acuerdo municipal sobre las inmatriculaciones de La Seo, Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha devuelto a la actualidad la cuestión sobre la propiedad de la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza.

El TSJA ha estimado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar adoptada por el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza por la que suspendía el acuerdo del Gobierno de Zaragoza referido a la nulidad y rectificación registral de dichos edificios religiosos.

Los acuerdos de la corporación municipal, de fechas 27 y 31 de marzo de 2017 expresan :»Que por la asesoría jurídica municipal se ejerciten, en el momento que proceda, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada respecto de los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes», y lo mismo para la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.

El consistorio gobernado por Pedro Santiesteve pretende que los edificios religiosos sean propiedad de los ciudadanos y no de la Iglesia, quien ha venido ostentado la ocupación y el uso de todos estos inmuebles hasta ahora.

Para impedirlo, el Arzobispado de Zaragoza solicitó la suspensión de los acuerdos municipales. Entonces, el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza adoptó la medida cautelar al considerar que no constaba un informe jurídico previo al acuerdo, siendo éste un requisito «esencial» para advertir a la corporación de la viabilidad jurídica de las acciones que pretendían llevar a cabo. Este razonamiento llevó a la magistrada a considerar que el acuerdo municipal era nulo por lo que adoptó la medida cautelar.

Ahora, discrepa el TSJA de este criterio y mantiene que «no puede afirmarse que el acuerdo recurrido sea manifiestamente nulo» porque el acuerdo fue precedido del oportuno dictamen.

No obstante, matizan los magistrados del tribunal superior que ellos no pueden entrar a valorar el fondo de la cuestión ya que «no se cuentan con todos los elementos precisos para resolver» y porque resulta improcedente efectuar en este momento consideración alguna sobre si el acuerdo cumple o no las exigencias.

No aprecian los magistrados que la ejecución de los acuerdos municipales pueda generar perjuicios irreparables o de difícil reparación, si no que los perjuicios serían los derivados de las acciones judiciales que llevara a cabo el Ayuntamiento contra el Arzobispado de Zaragoza, amparándose en los acuerdos.

Entienden los magistrados del TSJA que podría verse gravemente afectado el derecho fundamental del Ayuntamiento a la tutela judicial efectiva ya que al suspender el acuerdo municipal, se imposibilitaría al Ayuntamiento el poder ejercer acciones judiciales.

Por ello, y basándose en estos razonamientos, estiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y revocan el auto de suspensión del acuerdo municipal dictado por el juzgado.

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