El TSJ de Madrid abronca a Ángel Garrido
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega paralizar de forma cautelar la puesta en marcha de Madrid Central como solicitaron el PP y la Comunidad
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado denegar las medidas cautelares solicitas por la Comunidad de Madrid y el PP contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, lo que se conoce como Madrid Central.
En la resolución, y más allá de los argumentos que llevan a los jueces a tomar la decisión, los magistrados recuerdan a las Administraciones involucradas que deben respetar en sus actuaciones los principios de cooperación y colaboración en aras a la eficaz consecución de los fines de interés general que demanda el ejercicio de sus propias competencias. En este caso -recuerdan-, esos principios no han regido las relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad, pese a la trascendencia que tiene para los ciudadanos la restricción de la circulación vial que entraña la aplicación de la disposición general impugnada.
Esta circunstancia, continúa la resolución, demandaba y demanda la implicación activa y coordinada de ambas administraciones territoriales, con el objeto de incumplir el fin primordial de su propia existencia: servir con objetividad los intereses generales.
Ajenos al plano judicial los primeros días de Madrid Central está angustiando a miles de ciudadanos que tienen negocios abiertos al público en las calles afectadas por el «cierre». La Plataforma de Afectados por Madrid Central se reunió con la alcaldesa Manuela Carmena el otro día para hacer balance de las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad.
En representación de unas 17.140 pymes del comercio, la hostelería y el sector servicios del Distrito Centro solicitaron más permisos para llegar a sus negocios en coche sin ser multados. Hasta ahora sólo han conseguido el compromiso de Carmena de que autónomos y empresarios podrán acceder con sus vehículos al área de Madrid Central y aparcar en la zona SER.
Pero es que también necesitan dársenas para la carga y descarga de personas y mercancías adecuadas a las necesidades especiales de las pymes del comercio y la hostelería, las actividades culturales, teatros, salas de conciertos y academias, o el transporte turístico.
Por su parte, las 701 empresas de alojamiento del centro -pensiones, hostales y hoteles- necesitan garantizar el acceso hasta sus instalaciones de las familias, sus maletas y las personas de movilidad reducida.
Los estudios demuestran que los flujos de vehículos necesarios para garantizar la «sostenibilidad económica» de Madrid Central afectan a 17.140 pymes, 10.714 autónomos, 4.009 trabajadores de Madrid que trabajan en horario nocturno en Madrid Central (que no tenían garantizado el acceso con sus vehículos al trabajo), y los 6.500 vehículos de transporte para garantizar el abastecimiento del área de Madrid Central.
Todos estos flujos, suponen un total de 1.096.000 de desplazamientos mensuales, es decir, 36.558 vehículos diariamente, solo un 28,2% de los desplazamientos de los 135.000 residentes y de sus invitados durante el mismo periodo (que suponen 3.886.000 desplazamientos mensuales por Madrid Central).
La magnitud del problema, que nada tiene que ver con el objetivo de impedir que los vehículos atraviesen de este a oeste Madrid por la Gran Vía, obliga a los responsables de la movilidad municipal a resolver los problemas de equipamiento, logística y herramientas informáticas. Es la única forma de que los afectados puedan obtener todos los permisos administrativos necesarios para acudir y abrir la persiana de sus negocios.
En este sentido, la Plataforma de Afectados por Madrid Central ruega que no sean las elecciones -en mayo de 2019- y el final de la legislatura lo que mueva al Ayuntamiento a implementar medidas contraproducentes para el interés general, más allá de la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático.
