El Parlament se querellará contra el juez del Supremo Pablo Llarena
La Mesa del Parlament se ha reunido de forma extraordinaria
La Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado esta mañana presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un supuesto delito de prevaricación.
El presidente de la cámara regional, Roger Torrent, suspendió ayer el debate de investidura de Jordi Sánchez después de que Llanera denegase al candidato de JxCat el permiso para salir de la cárcel y acudir a la sesión. Tras suspender el debate, Torrent convocó una reunión extraordinaria de la Mesa para tomar las medidas oportunas ante «la vulneración de derechos» de Sánchez.
El acuerdo tomado esta mañana por la mayoría -independentista- de la Mesa no descarta ampliar la querella contra otros miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo y en este sentido ha encargado a los servicios jurídicos del Parlament que elaboren y presenten la querella.
Mientras la interposición de la querella no se haga efectiva, el máximo órgano rector de la cámara catalana también ha decidido presentar una queja por el mismo hecho ante el Consejo General del Poder Judicial.
Ayer, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, consideró «increíble» que Torrent plantease -como hizo- querellarse contra Llarena y advirtió de que no permitirán que se gaste «ni un euro de dinero público» en ello.
Y hoy la portavoz del Partido Socialista Catalán (PSC), Eva Granados, ha dicho que «la querella contra Llarena es una cortina de humo para ocultar el fracaso de que ni Turull ni Sánchez», hayan sido investidos presidentes de la Generalitat.
Además, Granados ha lamentado «que ni las cautelas, los recelos y la desconfianza manifestada por los letrados del Parlamento sobre la querella hayan hecho cambiar la decisión de la mayoría independentista de la Mesa».
La diputada socialista considera que «el enfrentamiento institucional es la peor manera de defender los derechos de los diputados» y ha denunciado «el uso partidista que se está haciendo de la institución» recordando que el Parlamento «debería estar al servicio de todos y ser un espacio de diálogo y no un arma arrojadiza».
Para Granados «el problema de los independentistas no es el nombre del candidato, sino que son 70 diputados que no están de acuerdo entre sí y persisten en la línea unilateral y la desobediencia en vez de posibilitar un gobierno efectivo».
Por su parte, el diputado del Partido Popular Catalán Alejandro Fernández ha advertido hoy que «el Parlament puede incurrir en un claro delito de malversación de fondos públicos». Fernández ha asegurado que «las fuerzas políticas separatistas han decidido presentar la querella siendo conscientes que no tiene viabilidad, desoyendo al resto de formaciones y también a los letrados del propio Parlament».
«No es la primera vez que ignoran a los letrados, por eso reivindicamos su papel que es dar fe pública y dar apoyo a la acción administrativa de la Cámara pero en ningún caso pasar el viacrucis, el calvario que les hacen pasar las fuerzas separatistas», ha explicado.
Alejandro Fernández ha explicado que durante la reunión de la Mesa los letrados han justificado que ellos no son especialistas en derecho penal e «incluso han destacado explícitamente que en el temario que se les exige para conseguir su plaza se les exige conocimientos y experiencias en derecho tributario, administrativo y constitucional, no derecho penal, y por eso creen que ellos no son los adecuados para iniciar un procedimiento de esas características».
También han dicho que la acción penal siempre debe ser el último paso en dicho procedimiento, «por eso han recomendado que pidan asesoramiento a algún penalista de prestigio para que los oriente en los pasos a seguir». En último lugar, el diputado ha destacado «la cuestión más decisiva e importante» y es que los letrados han remarcado que «en la reclamación de los separatistas el bien a proteger en ningún caso es el Parlament en su conjunto, sino que es una legítima misión de unos diputados y de un grupo político, por eso han aconsejado que los diputados o el grupo inicien si quieren acciones penales, pero no mezclando al resto de diputados y a la Cámara». «Entendemos que si siguen en esa tesitura, utilizando recursos públicos para acciones políticas y judiciales de una parte, al servicio de unos particulares, podrían estar cayendo en un claro de delito de malversación de fondos públicos» ha asegurado el diputado avanzando que «el PPC va a estudiar a fondo esa cuestión».
Para acabar, Alejandro Fernández ha denunciado que Torrent imita «lo peor de la etapa Forcadell: poner la cámara al servicio de la mitad del Parlament, vulnerar los derechos de la otra mitad y desprestigiar de manera palmaria el prestigio de la institución».
