El Parlament aprueba una moción contra la sentencia del «procés»
En el Parlamento de Cataluña mandan los independentistas
Describe la sentencia dictada por la Sala presidida por Manuel Marchena como «más propia de un sistema judicial autoritario»
El Parlament ha aprobado este jueves una moción que rechaza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la causa abierta por el «golpe» del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
El texto de la moción presentada por los republicanos de ERC describe la sentencia de la Sala presidida por Manuel Marchena como «más propia de un sistema judicial autoritario». El Parlamento catalán «considera que el proceso judicial celebrado en el Tribunal Supremo contra el Govern de la Generalidad, la presidenta del Parlamento y los líderes políticos y sociales que impulsaron el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre ha sido un proceso arbitrario y sesgado».
Aprobada con los 65 votos a favor de Junts per Cataluña (JxCat), Equerra Republicana de Cataluña (ERC) y los antisistema de la CUP, el texto de la moción acusa a Manuel Marchena, el presidente de la Sala del Supremo que enjuicio la causa, de «parcialidad» al impedir «el debate contradictorio imprescindible por el proceso judicial, negando la posibilidad de contrastar los hechos con las declaraciones de determinados testigos de la acusación».
Además, califica el procedimiento judicial como «una causa general» de «carácter fundamentalmente político». Todo esto mediante un tribunal que «ha hecho un uso instrumental y abusivo del delito de rebelión, manteniendo una prisión provisional arbitraria que ha usado con intencionalidad política suspendiendo de sus derechos como diputados del Parlamento de Cataluña, como diputados en el Congreso, como Senadores, y como diputados al Parlamento Europeo a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Antoni Comín».
La moción parlamentaria apunta que «la única violencia que se produjo el 1 de octubre de 2017 fue la actuación ilegítima de la Guardia Civil y el Cuerpo de Policías Nacionales contra ciudadanos pacíficos y cívicos».
A raíz de lo anterior, el Parlamento de Cataluña declara su rechazo a la sentencia dictada en la causa especial 20907/2017 por injusta y porque bajo la apariencia de haber sido dictada en un marco de garantías y de sometimiento a la ley no es más que el resultado de un juicio político y de una causa general contra el independentismo.
Entre las enmiendas aprobadas está la que considera que la sentencia vulnera el derecho a un juicio justo, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a un juez imparcial, el derecho a la 2ª instancia y el derecho a la presunción de inocencia, criminalizando además los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Insta al Gobierno de la Generalidad a exigir al Gobierno de España a asumir explícitamente que cualquier solución al conflicto entre Cataluña y España tiene que pasar por el diálogo y el consentimiento y que la estrategia de coacción institucional contra las instituciones catalanas y movimientos políticos y sociales sólo contribuye a cronificar el conflicto y degradar la democracia.
Asimismo, pide detener el traslado a Cataluña de agentes de los Cuerpos y Fuerzas y Seguridad del Estado «con el único objetivo de crear un clima de excepción para limitar los derechos fundamentales de manifestación y protesta».
Todo esto se ha aprobado en la Cámara regional catalana con el apoyo de los independentistas y la abstención de los podemitas de Cataluña En Comú Podem (CatECP), que esta mañana han tenido una reunión tras la que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, han propuesto que se ponga en marcha un diálogo real entre instituciones y partidos para alcanzar un nuevo «pacto» entre Cataluña y España.
Iglesias y Colau, acompañados del candidato de los comunes a las generales, Jaume Asens, han presentado este plan para superar «el bloqueo» en Cataluña, que en un futuro votarían los catalanes y que tendría condiciones previas como el indulto a los presos del «procés».
Lo que no se ha aprobado hoy en el Parlamento catalán es la propuesta de resolución pactada por los independentistas -JxCat, ERC y la CUP- que alude al derecho a la autodeterminación. Se trata de un texto que se avanzó el martes y con el que los soberanistas pretenden desafiar al Tribunal Constitucional (TC).
No hay que olvidar que el Constitucional les advirtió de que si no acatan la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil podrían incurrir en un delito penal de desobediencia.
Por eso lo han dejado para después de las elecciones generales del 10 de noviembre…
