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El Juzgado anula el protocolo de pobreza energética catalán

Montserrat Ribera

Montserrat Ribera es la directora de la Agencia Catalana de Consumo

Por exceder de las competencias locales

El Juzgado Contencioso número 2 de Barcelona ha estimado el recurso interpuesto por Endesa y ha anulado el protocolo de pobreza energética aprobado en 2015 por la Agencia Catalana de Consumo, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios.

La magistrada considera que el protocolo es un «acto nulo de pleno derecho» dado que no ha sido aprobado por la Generalitat y, por tanto, excede de sus competencias.

Endesa entendía que se estableció ex novo la obligación de las empresas suministradoras de mantener el suministro -o, lo que es lo mismo, de no interrumpirlo- a ninguna persona que esté en un supuesto de riesgo de exclusión residencial (SRER), cuando esa previsión no se incluye en la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética aprobada en 2015, y que, por cierto, fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

La jueza alega que la actual Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) de 2015 obliga a que los llamados protocolos en los que intervengan agentes privados sean suscritos al menos por las dos partes y que no impongan obligaciones concretas y exigibles a las empresas intervinientes.

Aprecia la magistrada que en este caso concreto el protocolo anulado no fue suscrito por la empresa suministradora de energía y, además, incluía sanciones para los casos en que se incumplía.

Por si no fuera suficiente, la jueza acusa a los «legisladores» de falta de claridad. «El primer requisito que debe cumplir una norma jurídica es el de la claridad, y es evidente que el precepto no lo cumple, habida cuenta de la disparidad de interpretaciones que del mismo se pretenden. Así, aparte de la defectuosa técnica legislativa que se utiliza, el precepto anulado no establece la prohibición de corte de suministro a las compañías por más esfuerzos que se hagan».

La juzgadora dice no desconocer la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial, pero apunta que «cada Administración debe actuar en ejercicio de sus competencias, de ahí que la Generalitat o los Ayuntamientos podrán establecer ayudas para hacer frente a los impagados de las familiares vulnerables, pero no pueden establecer una medida que afecta a las competencias estatales». En este sentido, recuerda el bono social aprobado por el Gobierno de España para hacer frente a casos similares.

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