El juez Velasco rechaza investigar a Cifuentes
Cifuentes defiende su inocencia
Pese a que un informe de la UCO la señala por los delitos de prevaricación y cohecho
El juez del «caso Púnica», Eloy Velasco, no aprecia «motivos» para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que apunta posibles delitos de prevaricación continuada y cohecho. Tampoco la Fiscalía Anticorrupción contempla abrir investigación alguna.
La UCO considera que los contratos de adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, propiedad del ex presidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».
Entre esas personas, la UCO menciona expresamente a Cifuentes, presidenta de la mesa de contratación y vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en esos años. Asimismo recuerda que Cifuentes era miembro del patronato de Fundescam, empresa de la Comunidad de Madrid a la que Arturo Fernández aportó «importantes» donativos.
Según el informe, hay indicios de que se favoreció al Grupo Cantoblanco en vista de esas donaciones a la fundación, «directamente vinculada con el PP de Madrid» que sirvió para «financiar de manera encubierta» al partido «para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización».
Tras el desconcierto generado por la publicación del informe de la UCO y la puntualización del juez Velasco, que rechaza imputar a Cifuentes, la presidenta del PP madrileño aseguró que el informe policial es sólo «una sucesión de juicios de valor, sin ningún fundamento jurídico» y pidió que «nadie se deje intoxicar por todos aquellos que quieren tratar de embarrar el terreno de juego de manera tan mezquina y miserable».
La presidenta madrileña afirmó que quien quiera «ensuciar» su trayectoria o su nombre la tendrá «enfrente» y no descartó emprender medidas legales para defender su honradez. Insistió en que todas las decisiones en las que participó como vicepresidenta de la Asamblea «se adoptaron siempre en base a informes técnicos» y «por unanimidad de todos sus miembros» entre los que había dirigentes del PSOE e IU, y defendió que el proceso de adjudicación del que habla la UCO fue «completamente transparente, legal, reglado» y «no fue una adjudicación arbitraria».
A quien sí citó a declarar como imputado el juez Velasco fue al viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, por su supuesta implicación en las irregularidades detectadas en la gestión del ex secretario regional del PP madrileño Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Arpegio y Fundación Arpegio 2. Ruiz presentó su dimisión nada más conocerse la imputación y de que agentes de la UCO registraran su despacho.
Sobre esta dimisión, Cifuentes precisó que los hechos que se le imputan corresponden a los Gobierno de Esperanza Aguirre y destacó que el código ético del PP de Madrid es «el más estricto de todas la comunidades y partidos» y obliga a todos los miembros del Gobierno regional a dimitir cuando son investigados formalmente.
Por otra parte, Eloy Velasco ha citado a 51 nuevos investigados en el «caso Lezo», entre ellos al ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, y a Lourdes Cavero, mujer del expresidente madrileño Ignacio González, así como a su padre, Pablo González, a dos sobrinas y al ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
En un auto en el que se levanta parte del secreto de la causa el juez divide el procedimiento en seis piezas, en cinco de las cuales está imputado Ignacio González. La principal tiene que ver con la expansión en Sudamérica del canal de Isabel II, la segunda con el campo del golf de los terrenos del Canal en Chamberí, la tercera con las irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero, la cuarta atañe a la financiación ilegal del PP, la quinta a «los hechos referentes al blanqueo de capitales» y la sexta a las irregularidades en la contratación de Mercasa.
