Torra recurrirá el informe de Exteriores sobre el ‘procès’
La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó
La realidad sobre el Proceso independentista incluye opiniones subjetivas sobre los hechos del 1-O que perjudican la imagen de Cataluña y vulneran la presunción de inocencia de las personas actualmente enjuiciadas y pendientes de sentencia por aquellos hechos
La Generalitat también pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pueden ser constitutivos de alguna infracción penal
El Govern catalán emprenderá «acciones judiciales y extrajudiciales» ante la Administración General del Estado por el informe sobre el proceso independentista elaborado por la Secretaría de Estado de la España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Lo anunció ayer la consejera de la Presidencia y portavoz deMeritxell Budó, quien concretó que el Ejecutivo de Quim Torra interpondrá un requerimiento previo a la vía contencioso administrativa y pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pueden ser constitutivos de alguna infracción penal.
El informe La realidad sobre el Proceso independentista, que se hizo público el pasado 14 de agosto y que puede leer aquí, es una guía dirigida a los representantes diplomáticos en el exterior, pero también fue difundido entre corresponsales, periodistas e interlocutores internacionales, incluyendo los medios de comunicación.
A juicio del Govern, el informe «incluye numerosas opiniones subjetivas sobre los hechos del 1 de octubre que perjudican la imagen de Cataluña y vulneran la presunción de inocencia de las personas que se encuentran actualmente enjuiciadas y pendientes de sentencia por aquellos hechos».
En la Generalitat consideran que la comunicación pública de este informe vulnera la directiva europea sobre la presunción de inocencia y además puede suponer una interferencia en el poder judicial ya que criminaliza el movimiento independentista a pocas semanas de la sentencia del Tribunal Supremo.
Por otra parte, el gabinete de Torra ha fijado el techo de gasto no financiero de la Generalidad de Cataluña para 2020 en 26.952 millones de euros. Esta cantidad marca el límite de asignación de recursos presupuestarios para el ejercicio de acuerdo con el escenario de ingresos, el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010).
En cuanto al escenario de ingresos, el grueso de los recursos presupuestarios de la Generalitat proviene de los anticipos del sistema de financiación. El Ministerio de Hacienda aún no ha comunicado ni el importe del anticipo de 2020 ni el importe de la liquidación del ejercicio 2018 (que efectúa dos años después, una vez se obtiene la recaudación definitiva). Es por ello que el departamento de Economía y Hacienda catalán ha hecho una estimación de los ingresos basándose en la información disponible actualmente.
«El techo de gasto aprobado es consistente con el cumplimiento de la regla de gasto, que limita al 2,9% el crecimiento del gasto computable de la Generalitat en 2020. En el caso del objetivo de déficit, se ha tomado como referencia el objetivo vigente del 0%, aprobado en julio de 2017», detalló Budó.
«El techo de gasto de 2020 supone un incremento de 2.510 millones de euros con relación a los últimos Presupuestos aprobados en 2017» informó Meritxell Budó, quien recordó que esta cantidad está sujeta a modificaciones derivadas de posteriores cambios en los ingresos tributarios, de cambios en los recursos del sistema de financiación, de variaciones en la normativa de estabilidad presupuestaria o de cualquier otra variación relevante de los ingresos.
La consejera criticó que el grueso de los recursos presupuestarios de la Generalitat proviene de los anticipos del sistema de financiación y que el Ministerio de Hacienda dirigido en funciones por María Jesús Montero, que hace unos días avanzó que será antes de diciembre cuando «libere» ese dinero, aún no ha comunicado ni el importe del anticipo de 2020 ni el importe de la liquidación ejercicio 2018.
De ahí que el Govern acordase la semana pasada iniciar acciones legales para reclamar al Estado los 1.317 millones de euros pendientes de transferir procedentes de la mejor recaudación del 2019 y de una parte de el IVA de 2017 que había que liquidar este año. En este sentido la consejera confirmó que ayer se presentó el recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Hacienda ante la Audiencia Nacional anunciado la semana pasada.
