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El Govern catalán reactiva el Diplocat

Elsa Artadi

Elsa Artadi, la portavoz del Govern catalán

Es la oficina desde la que los independentistas «internacionalizan» el «procés» a través de «embajadas»

El Govern de Quim Torra ha decidido reactivar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), el organismo desde el que los independentistas catalanes han pretendido internacionalizar el proceso separatista a través de sus «embajadas».

Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, tras el Consell Executiu. El Govern ha acordado detener la liquidación del Diplocat y dejar sin efecto una medida que tomó el Gobierno español durante el 155. Según la portavoz el Gobierno español «no pudo detener el Diplocat por la vía judicial porque no se incluyó en el acuerdo del Senado».

La portavoz ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona y otros emprendieron iniciativas judiciales contra esta disolución y ahora la Generalitat, «que ha recuperado el derecho de defensa», también se personará en esta «disolución irregular e ilegal que hizo el gobierno español».

Este acuerdo -ha explicado Artadi- deja sin efecto el órgano liquidador acordado por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155. Y aunque se ha iniciado el proceso de liquidación, sus órganos de gobierno siguen activos.

Esta decisión ha sido muy criticada por Ciudadanos y Partido Popular, que vaticinan que esto servirá para que los secesionistas continúen «haciendo propaganda independentista» con dinero público de todos los catalanes.

En este sentido, la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya dado «vía libre» a Quim Torra para «volver a hacer lo mismo». Se refiere Arrimadas al levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat aprobado por el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo.

Por otra parte, la dirigente de Cs ha recordado la violencia que sufren los miembros de su formación en Cataluña. Y ha reprochado a Torra que siga negando «la fractura social» que hoy se vive en Cataluña.

También la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular y diputada autonómica por Barcelona en el Parlament, Andrea Levy, se ha referido a la reactivación del Diplocat, que el Gobierno de Mariano Rajoy liquidó en diciembre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, medida que más tarde avaló el Tribunal Supremo.

Ante esto, Levy exige que Pedro Sánchez impida por todos los medios legales y políticos que, una vez más, «la Generalitat utilice medios públicos para hacer propaganda independentista en el exterior». Asimismo, pide al presidente del Gobierno que en la reunión que va a mantener próximamente con Torra le pida que se abstenga de abrir de nuevo estas «pseudoembajadas» con las que «distorsionan» la realidad sobre Cataluña.

Además, Levy ha presentado por escrito una batería de preguntas en la cámara autonómica exigiendo explicaciones por informaciones que afectan a la consellería de Vicepresidencia y que apuntan a un sobrecoste del 22% en las obras para rehabilitar una nave del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat que debía funcionar como centro de datos en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

«Se pretendió esconder y actuar irregularmente pese a saber que no podían dedicarse recursos públicos a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre», ha destacado.

Estas informaciones, conocidas a través de un informe de la Guardia Civil dentro de la causa por el 1-O, apuntan a una posible malversación de caudales públicos en la consulta ilegal. La cifra ascendería a 1,6 millones de euros frente a los 1,3 previstos. Esta cantidad se enmarcaría en los 3,2 millones que la Guardia Civil considera que se presupuestaron para el referéndum ilegal, haciendo oídos sordos a las órdenes del Tribunal Constitucional que les negó expresamente la utilización de esos recursos, ya que el referéndum estaba suspendido. «Se confirma cómo los responsables políticos catalanes hicieron caso omiso a las advertencias del TC, contraviniéndolo conscientemente», ha apuntado.

«Cada día conocemos nuevas informaciones que dan cuenta de la utilización de recursos públicos, del dinero de todos, para fines independentistas y no tiene pinta de que con el gobierno de Torra, que ya ha anunciado que quiere seguir con las actuaciones del proceso independentista, se vaya a velar por la correcta uso del dinero público», ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que la posibilidad de que la Generalitat fragmentara de forma irregular el proyecto de esta obras, para que pudiese adjudicarse de forma directa y sin publicidad, con el fin de tener listas las obras a finales de septiembre, una actuación completamente regular y lamentable para la imagen de las instituciones catalanas que se hayan producido registros esta mañana en el departamento de Economía de la Generalitat, el CTTI y en la sede del grupo de comunicación Mediapro.

«Estos hechos demostrarían, una vez más, como los responsables independentistas actúan descaradamente con todas las triquiñuelas posibles para salirse con planes y, por ello, están y van a seguir respondiendo ante la justicia. Es evidente que el 1 de octubre no le salió gratis a los ciudadanos, porque además de la fractura social que provocó, ahora estamos conociendo que han utilizado el dinero que le correspondía a todos los catalanes para hacer una consulta, a sabiendas ilegal y sin validez», ha recordado.

Asimismo, la dirigente popular ha advertido a Pedro Sánchez de que «tenga mucho cuidado con sus compañeros de la moción de censura, porque corre el riesgo de que estos continúen despilfarrando el dinero público para sus fines independentistas». Por ello, le ha exigido que «recupere el control previo de las cuentas catalanas levantado el pasado viernes como primera decisión del nuevo Gobierno».

«Los guiños que está haciendo el nuevo Gobierno son preocupantes, porque en lugar de darse cuenta de que Torra no se ha vuelto un presidente que respete las normas de convivencia constitucional, levanta el control de las cuentas catalanas a los mismos que han contravenido la Ley y, además, les ofrece reformas constitucionales pese a querer dinamitar la propia Constitución», ha finalizado.

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