El equipo de Almeida insiste en cambiar Madrid Central

Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Tras la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid que suspende la moratoria de multas implantada por el actual equipo municipal

El Ayuntamiento de Madrid en manos del popular José Luis Martínez-Almeida sigue empeñado en modificar las condiciones de Madrid Central, el cierre al tráfico rodado del centro de la capital de España.

Tras un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid que suspende la moratoria de multas decidida por el consistorio, el equipo de Almeida insiste en plantear un modelo alternativo más eficaz que  Madrid Central.

Para lograrlo mantendrá reuniones con los vecinos y comerciantes afectados por el «bloqueo» de sus negocios, que han visto bajar sus ingresos desde que la medida «medioambiental» entró en vigor.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid «acata el auto judicial que suspende la moratoria de multas» pero también que quieren «plantear un modelo alternativo y más eficaz que Madrid Central, que ha sido un fracaso en términos de contaminación y de movilidad».

Según el delegado, se hablará con todo «aquel que tenga algo que aportar en relación a la contaminación en la ciudad de Madrid», además de con los vecinos y comerciantes.

El juez del número 24 de lo Contencioso-Administrativo entiende que «la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente» y que «ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal (que la suspendía) no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental».

En la misma resolución se indica que «la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales».

La Administración, dice el auto que puede leer aquí, «cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones, sin perjuicio de que tales deficiencias deben ser corregidas lo antes posible para que el sistema funcione con todas las consecuencias, incluida la sanción al infractor».

Contra la resolución se puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.

Greenpeace no concreta dónde se producen esas 38.000 muertes al año por contaminación

La Plataforma en Defensa de Madrid Central, integrada por más de 90 colectivos sociales, todavía está celebrando la decisión judicial de mantener las sanciones puesto que fueron Ecologistas en Acción y Greenpeace que forman parte de ella, las que interpusieron los recursos que han dado pie a la suspensión de la moratoria.

Durante una reunión con Carabante y el concejal del distrito Centro, José Fernández, se avanzó que las líneas generales de las modificaciones sobre Madrid Central y sobre la Ordenanza de Movilidad serán públicas «después del verano».

Al parecer los cambios legales en la normativa se harán «a través del trámite administrativo correspondiente», mediante debate y votación en el Pleno y con los períodos de información pública y alegaciones correspondientes; un trámite que «será largo», dicen.

Además de Madrid Central, la Plataforma exige el cumplimiento del vigente ‘Plan A’ de Calidad del Aire y Cambio Climático. Entre las propuestas que contempla dicho plan están la renovación de flotas municipales, la construcción de carriles Bus-VAO o el fin de las calderas de carbón.

Aseguran desde la Plataforma que esto supondría cumplir con los madrileños y con la Comisión Europea, que «amenaza con sancionar por la deficiente calidad del aire».

Este colectivo apuesta por «garantizar la accesibilidad universal en las aceras, incentivar el uso de la bicicleta para todos los colectivos, mejorar el transporte público entre distritos mediante proyectos como la M-35 y reducir el tráfico en los entornos escolares habilitando caminos escolares seguros y señalización inclusiva».