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El Constitucional anula el permiso para cazar lobos en Castilla y León

Lobos

Un grupo de lobos en una imagen de la Federación de Caza de Castilla y León

Por motivos de competencia

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez contra varios artículos de la Ley de Caza aprobada en julio de 2021 en Castilla y León, por invadir competencias estatales.

La ley aprobada por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para sortear la Orden aprobada por el gobierno central en septiembre de 2021 para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), catalogaba a las poblaciones españolas de lobo (Canis lupus) situadas al norte del río Duero como especie cinegética y permite su caza previa obtención de la correspondiente autorización administrativa autonómica.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, concluye que los preceptos autonómicos impugnados vulneran el orden constitucional de distribución de competencias porque rebajan el nivel de protección medioambiental que para el lobo deriva de su inclusión en el LESPRE.

Desde el momento de entrada en vigor de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, resulta aplicable a las poblaciones de lobo situadas al norte del Duero el régimen mínimo de protección previsto en la Ley (42/2007) del patrimonio natural y de la biodiversidad. Esta Orden prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de las especies, subespecies o poblaciones incluidas en el LESRPE. Por lo tanto, los preceptos impugnados, aprobados en julio de 2021 en Castilla y León han incurrido en inconstitucionalidad mediata o indirecta de manera sobrevenida.

Tanto la Junta como las Cortes de Castilla y León, personadas en el recurso de inconstitucionalidad, alegaban que la Orden TED/980/2021 carecía de naturaleza básica por estar pendiente de varios recursos contencioso–administrativos ante la Audiencia Nacional.

En su sentencia, el Pleno aclara que, siendo reconocida constitucionalmente la naturaleza básica de la Ley 42/2007, también debe serlo su desarrollo a través de órdenes ministeriales. Según se recuerda en la sentencia, las normas de tal rango pueden, excepcionalmente, ser consideradas básicas si, siendo necesarias para completar la regulación de la disciplina básica definida en la ley, están justificadas por la naturaleza técnica o coyuntural de la materia que regulan y tienen una conexión clara con la regulación legal de la materia.

La sentencia concluye que tales condiciones se cumplen en la Orden TED/980/2021 y, en particular, que ésta goza del anclaje necesario en la Ley 42/2007 para poder ser reputada como básica desde un punto de vista tanto material como formal, lo que conduce a su uso como parámetro de enjuiciamiento y de declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos autonómicos impugnados.

El magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla y la magistrada Concepción Espejel Jorquera han anunciado la presentación de un voto particular conjunto. Consideran que la Orden Ministerial, que se reputa como norma básica, carece y excede de la habilitación conferida por el legislador, por lo que no puede ser considerada ni formal ni materialmente como básica y, por tanto, no puede ser utilizada como parámetro de enjuiciamiento de la ley autonómica.

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