1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

Dos consejeros de Griñán, a juicio por birlar 33 millones de los ERE

Manuel Recio

Manuel Recio, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán (Imagen: Youtube)

Por conceder arbitrariamente subvenciones por valor de 33,3 millones de euros a las sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda

El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación

Otros dos ex consejeros de la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán, Antonio Fernández y su sucesor al frente de la Consejería de Empleo, Manuel Recio, están siendo investigados junto a otras seis personas por conceder ‘arbitrariamente’ subvenciones por valor de 33 millones de euros a un entramado de sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- para cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional Delphi.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Puede leer aquí el auto de 71 páginas en el que el magistrado confirma -pág. 59- que parte del dinero malversado fue desviado a cuentas en Luxemburgo.

Además de Antonio Fernández y Manuel Recio, en esta pieza separada del ‘caso ERE’ el juez ha imputado a un hijo del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y a otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación con las empresas de Ojeda. Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi. La Junta de Andalucía, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de recolocar a los afectados por el cierre de Delphi en empresas de la Bahía de Cádiz. Así, una vez despedidos, fueron incluidos en el denominado ‘Dispositivo de tratamiento singular’.

Entre el 1 de septiembre de 2009 y el 28 de febrero de 2011 una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso ‘simulando una contratación laboral’. El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) ‘se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de ex trabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace’.

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados ‘asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores de que la normativa en vigor no amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad’, para lo cual ‘habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo’.

El juez asevera que ‘el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada’, todo ello ‘sin que los responsables de la Consejería de Empleo comprobasen el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos’.

Al hilo de ello, subraya que, de lo actuado, ‘se deduce que los referidos responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones excepcionales a la contratación, sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la -entonces vigente- normativa autonómica y estatal’.

En este sentido, el juez precisa que, en torno a los meses de verano de 2009, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, ‘quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta’, informándole el primero de que los trabajadores de Delphi ‘iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos’, al tiempo que ‘se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas’ por el propio Ojeda.

Según agrega, ‘el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades’ de Ángel Ojeda, señalando que ‘las entidades que ofrecía’ el ex consejero de Hacienda, ‘meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública’.

Así, ‘los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente empresa o entidad beneficiaria de la subvención’, de modo que los contratos de trabajo ‘sólo tenían como objetivo crear una apariencia -ficticia- de relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores incluidos en el Dispositivo de Tratamiento Singular el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho’.

La actuación de los dos ex consejeros de Empleo investigados

Finalmente y según explica el magistrado, las subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010, a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7.376.573 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido la cantidad de 7.376.573 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante total de 5.911.242 euros.

El juez explica que las subvenciones del 10 de agosto de 2009 y 26 de febrero de 2010 habrían sido concedidas, ‘al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables’, por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que las subvenciones de 3 de diciembre de 2010 fueron otorgadas por su sucesor en el cargo, Manuel Recio, ‘sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo’.

Tanto Antonio Fernández como Manuel Recio ‘eran conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda -bien por él directamente, bien por personas de su confianza- con el fin de canalizar y obtener las subvenciones descritas’, señala el juez, que subraya que el total de subvenciones ‘arbitrariamente’ concedidas por los titulares de la Consejería de Empleo en favor de este ‘entramado Ojeda’ ascendería a la cantidad de 33.309.789 euros.

De su lado, el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda ‘habría posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de estas subvenciones utilizando un amplio entramado de sociedades, asociaciones y fundaciones que aparentaban ser de distinto origen y finalidad’. El instructor pone de manifiesto que ‘algunas estaban ya constituidas, si bien no tenían actividad alguna, y otras fueron fundadas con posterioridad, si bien todas ellas formaban parte del denominado Grupo Prescal controlado por Ojeda’.

Por ello el magistrado ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Tags: , , , , , , , ,