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Condenan por vulneración de derechos a la UB

Joan Elias i Garcia

Joan Elias es el rector de la UB desde diciembre de 2015

Al aprobar un manifiesto conjunto (de la mayoría de universidades catalanas) de apoyo a los ‘golpistas’ condenados por el Tribunal Supremo

Es la segunda vez que una universidad catalana es condenada por vulnerar derechos fundamentales de profesores y alumnos

La sentencia obliga a la UB a publicar la sentencia en su página web durante un mes

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona ha condenado a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos últimos.

En una sentencia (nº 137/2020) dictada el 30 de septiembre, el magistrado considera que la UB infringió su deber de neutralidad y declara nulo de pleno derecho del acto de aprobación del manifiesto, obligando a la Universidad a publicar la sentencia en su página web durante un mes. La UB ha de pagar, además, las costas procesales.

Los demandantes -el catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas, la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba, el catedrático de Ciencia Política Rafael Martínez y el estudiante de Relaciones Laborales Daniel Tolosana- ven así estimada en su totalidad la demanda que presentaron en su día contra la deriva separatista de gran parte del sistema universitario catalán.

El Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política tuvo lugar el 21 de octubre de 2019 y en él las principales universidades catalanas calificaban de injusta a la sentencia y ‘exigía (sic) la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas, el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas’. Asimismo, rechazaba ‘la represión y la violencia policial’ y denunciaba que ‘los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva y la condena por sedición’, incurriendo así en una ‘deriva autoritaria’ que ‘criminaliza la disidencia’.

Antes de aprobarse el manifiesto, Ricardo García Manrique, del colectivo Universitaris per la Convivència, solicitó su anulación por entender que excedía el ámbito competencial universitario y sobre todo vulneraba la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la Universidad (profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios), al atribuirle a esta en su conjunto una opinión política determinada, ofreciendo una imagen de unidad que no se corresponde con la pluralidad realmente existente. Pero, finalmente, una amplia mayoría del claustro aprobó el texto.

La sentencia empieza por recordar que la Universidad no es una institución de representación política y que, como institución pública, está sometida al deber de neutralidad. Este deber implica que ‘la Universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente’.

Además, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas, y, ‘por ello, el referido Manifiesto no puede tener cobertura en la libertad ideológica y de expresión’, tal como alegaba la Universidad.

La sentencia establece que la exigencia de neutralidad es precisamente la condición de ejercicio de tales libertades por sus genuinos titulares, que no son sino los individuos, profesores y alumnos en este caso. Sin tal neutralidad, se incurre en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias. La neutralidad -señala la sentencia- ‘es, por tanto, un medio orientado a la defensa y promoción de la libertad ideológica, en particular, y de los demás derechos y libertades públicas, en general’.

El derecho a la educación también resulta vulnerado, por cuanto la defensa por parte del Claustro de actos declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal no solo infringe el deber de neutralidad ideológica, sino que ‘dificulta el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la Universidad’. Esto es así porque se promueven valores y concepciones ideológicas que son contrarias a los ideales que inspiran la Constitución vigente, como son el imperio de la ley, la separación de poderes y la igualdad política de todos los ciudadanos.

La condena a la Universidad de Barcelona acredita que las universidades catalanas firmantes actuaron ‘en contra de sus propios valores menoscabando la libertad ideológica y de expresión de todos los que la integran y de poner en peligro la formación cívica de sus alumnos’.

Aunque los hechos fueron diferentes, esta es la segunda vez que una universidad catalana es condenada por vulneración de derechos fundamentales. Hace dos años el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona (sentencia nº 175/2018) condenó a la Universidad Autónoma de Barcelona por vulneración de estos mismos derechos (libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación) a raíz de una demanda de varios estudiantes que hoy forman parte del colectivo S’ha Acabat.

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