Anulan la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo ‘buitre’
La licitación de la venta se cerró en junio de 2013
El IVIMA enajenó 2.935 viviendas, garajes y trasteros a Azora gestión por 201 millones de euros en 2013
El Gobierno solicitó personarse en el proceso penal que investiga esta venta
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de anular la venta de 32 promociones de vivienda pública que la Comunidad de Madrid realizó en 2013.
Ese año la Comunidad de Madrid presidida por el popular Ignacio González vendió 2.935 viviendas en alquiler y arrendamiento con opción a compra, garajes, trasteros y locales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), por algo más de 200 millones de euros.
Ahora, la Sala entiende que la Administración no motivó ni adecuada ni suficientemente que los pisos no eran «necesarios» para cumplir los objetivos del IVIMA. Sí se justificó políticamente pero no económicamente, resalta la sentencia, que, además, señala que «el propio legislador autonómico ha prohibido realizar nuevas operaciones de este tipo» a no ser que los «adquirentes» de esas viviendas de protección pública propiedad de la Comunidad de Madrid «sean los inquilinos o sus causahabientes».
El Supremo confirma de esta manera la sentencia con la que un tribunal de Madrid dio la razón a un arrendatario, Rachid Bouikou, que ocupaba una de esas viviendas y que interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 29 de Madrid contra la resolución del IVIMA de 29 de agosto de 2013.
El Juzgado estimó el recurso y en mayo de 2018 anuló las resoluciones que ahora vuelven a ser «tumbadas» por el Tribunal Supremo tras los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y la mercantil Azora.
Actualmente, todas esas casas forman parte del portfolio de la inmobiliaria Encasa Cibeles, que Goldman Sachs controla con casi un 98% del capital.
