Los empleados públicos catalanes podrán hablar en castellano
Josep Maria Padrosa, director general del servicio de salud catalán, ha sido cesado recientemente por Puigdemont
¡En los hospitales catalanes se obligaba a usar exclusivamente la lengua catalana!
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios velará por el cumplimiento de la sentencia hasta el último rincón de las administraciones de Cataluña
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado varios preceptos del protocolo de uso del catalán para los funcionarios y empleados del servicio de salud pública.
La sentencia fue notificada el 12 de enero pasado y, dado que ninguna de las partes ha presentado recurso, adquirió firmeza el pasado 2 de febrero.
Con su decisión, el tribunal anula, por ser contrarios a derecho, dos preceptos del Protocol d’usos linguístics per al sector sanitari públic a Catalunya que obligaban a utilizar exclusivamente la lengua catalana en las dependencias sanitarias.
La Sala declara nulos los preceptos 1 y 3, que señalan que la lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana y que, en las conversaciones con los usuarios de los servicios sanitarios, los trabajadores las mantendrán en catalán, independientemente de que la inicie uno u otro y de la lengua que utilice el interlocutor.
El TSJC también anula las siguientes menciones contenidas en otros dos artículos: «Las conversaciones telefónicas siempre han de iniciarse en lengua catalana», «si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continuará hablándole en catalán, salvo que pida ser atendido en castellano. Si tiene dificultades para entender el catalán, se puede continuar en castellano» y «en el caso de que se deba cumplimentar -como la documentación relacionada con la gestión de personal-, también ha de hacerse en esta lengua (en referencia al catalán)».
Conocida la resolución, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, como agente activo de la sociedad civil, velará por el cumplimiento de la sentencia hasta el último rincón de las administraciones de Cataluña para que ningún empleado público sufra ningún tipo de discriminación o se sienta presionado, en el caso de que desee hacer uso del castellano como lengua preferente.
CSIF defiende que, tal como indica la Constitución Española y el Estatut de Autonomia, «todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales» sin que pueda haber discriminación por razones lingüísticas.
«Los empleados públicos, en el ejercicio de su labor, debemos dar el mejor servicio posible a los ciudadanos y en consecuencia debemos dirigirnos a ellos en el idioma que elijan», destaca Joan Escanilla, presidente CSIF Barcelona.
Santi Rodríguez
También el portavoz adjunto del grupo parlamentario del Partido Popular Catalán, Santi Rodríguez, ha afirmado que «una sociedad bilingüe debe ser una sociedad libre y sin imposiciones lingüísticas».
«Ya lo denunciamos en 2012, este protocolo que afecta a la vida laboral y en las relaciones personales de los empleados públicos de la Generalitat, no cumple los requisitos del propio Estatuto», ha señalado Rodríguez, destacando que «la sentencia del TSJC pone de relieve que la misma Ley de política lingüística avala la no discriminación de una de las dos lenguas oficiales en Cataluña». «Celebramos la decisión del TSJC que reconoce el derecho de los catalanes a expresarse libremente en cualquiera de los dos idiomas oficiales», ha añadido.
Rodríguez ha constatado que «la realidad, el sentido común y la ley se acaban imponiendo». «La administración no puede obligar a los trabajadores a utilizar una de las dos lenguas oficiales», ha explicado remarcando que «el personal público debe tener el derecho y la libertad de expresarse indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales». «La aplicación de este protocolo sería una clara vulneración de este derecho», ha destacado.
El portavoz ha explicado que «la decisión del TSJC y las leyes que lo avalan son el ejemplo de cómo la Generalitat crea problemas donde no los hay». «Quien busca un problema es el Gobierno de la Generalitat que exige a los funcionarios que utilicen una sola lengua, el catalán, discriminando la otra, el castellano, y atentando contra los derechos y vulnerando gravemente la libertad de las personas».
Sobre las declaraciones de la directora general de política lingüística afirmando que la decisión del TSJC no afecta en nada, Santi Rodríguez ha puesto de manifiesto «el poco respeto que tienen por los derechos y libertades de las personas».
