Alaya ve «imposible» que Chaves y Griñán no conociesen los ERE falsos
Mercedes Alaya (elpuertoactualidad)
Incluye a los ex consejeros andaluces de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno entre los aforados imputados
El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, descarta de momento tomar medidas internas porque, en su opinión, han sido «injustamente implicados»
La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE falsos en Andalucía considera «imposible» que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas «de forma absolutamente libérrima» a empresas y personas afines a los sindicatos UGT y CCOO y al PSOE. Además, sostiene que la Junta «falseó» el presupuesto inventándose pérdidas ficticias para justificar el flujo de dinero.
En el auto de 300 folios enviado al Tribunal Supremo, la magistrada incluye entre los aforados contra los que ve indicios de delito, además de a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a 7 ex consejeros andaluces entre los que están Gaspar Zarrías y Mar Moreno.
En el Partido Popular creen que «los indicios de criminalidad que van en el auto de la jueza Alaya son bastante nítidos». Así se ha pronunciado el portavoz del PP, Carlos Floriano, que, tras conocer el auto de la jueza, recalcó que las sospechas sobre los gobiernos del PSOE no se agotan en un solo aspecto: «Aquí hay tres patas. Una son los fondos destinados a los ERE, a los expedientes de regulación de empleo, otra pata que son los temas relacionados con la formación y otra que es la reindustrialización». Todas esas ramificaciones, añade Floriano, forman parte de la investigación judicial y, en definitiva, «las tres apuntan a que estaban organizados para que al final todo este dinero que iba destinado a la empleabilidad, al empleo de los andaluces, se lo quedasen unos pocos«.
Para Floriano, lo importante en estos momentos es comprobar «si existen las responsabilidades penales de tan importantes responsables políticos de Andalucía». En este sentido, desde Andalucía, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, exigió ayer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que inste con carácter urgente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas».
Algo que no comparten en el PSOE, donde su presidenta, Micaela Navarro, critica que Alaya no haya enviado «antes» al Supremo la exposición razonada relativa a las personas aforadas. También el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, que ha definido como «un paso lógico que llega tres años y medio después» la decisión de la juez, descarta de momento tomar medidas internas porque, en su opinión, han sido «injustamente implicados».
Los más directamente implicados, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresaron ayer su deseo de comparecer voluntariamente ante el Supremo en caso de que el Tribunal asuma las competencias de la parte relativa a los aforados que afecta a la instrucción.
Algo que para Floriano «es un ejercicio de hipocresía sin precedentes». El secretario de organización del PP se ha preguntado ¿por qué no hicieron caso cuando los interventores generales de la Junta ponían reparos al sistema que se había organizado para ocultar el dinero al control precisamente de la Intervención General? Floriano ha añadido que «en lugar de estar tan encantados ahora de ir al Supremo, haber evitado la situación que se estado dando durante diez años».
Carlos Floriano ha subrayado, durante una entrevista en RNE, que la Intervención de la Junta alertó hasta en 17 ocasiones sobre la creación de «un sistema que hacía imposible el control del dinero público. La intervención se lo decía en los consejos de gobierno, y allí estaban presidiendo tanto Griñán como Chaves sin que la señora Díaz estuviera muy lejos. Resulta muy complicado que no lo supieran», ha señalado Floriano para incidir en que «lo que está absolutamente claro» es que existía una fórmula por la que el dinero público destinado a los parados no llegaba a sus destinatarios.
