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Muerte digna, ¿medida anti-crisis o aumento de la calidad de vida?

Tras la aprobación del anteproyecto de Ley de cuidados paliativos a enfermos terminales por el Gobierno el pasado 14 de Mayo, se abre un foro de debate que podría canalizarse en dos bandos principales, ambos previstos de razones contundentes:

-Aquellos que apoyan su mirada en la envoltura económica del problema. Con la aprobación se llevaría a cabo un reembolso económico considerable, en cuanto a la cotización de la seguridad social se refiere.

-Aquellos que sobrepasan las barreras espacio- temporales y obvian la crisis económica que atravesamos. Tocar este núcleo supone enfrentarse a la razón última de la existencia humana: ¿hasta qué punto tenemos capacidad de decidir la determinación de nuestra existencia?¿podemos decidir por encima de un profesional cómo asistir nuestros cuidados?, ¿en el caso de incapacidad reconocida, tendría más poder de decisión un familiar directo que el propio profesional?,etc.

Independientemente de que para el Gobierno esta medida, a priori, forme parte de las medidas para paliar el declive económico, el tema que debe hacer crear una opinión crítica sobre una cuestión tan humanista debe centrarse inevitablemente en medir la capacidad de decisión que se le atribuye a una persona en un estado de crisis psicológica, como la que supone estar inmerso en una enfermedad de tipo terminal.

Si nos centramos en la evidencia de los datos, la aceptación e integración de una enfermedad de tipo terminal, provocaría una serie de cambios cognitivo-emocionales que dificultarían poder llevar a cabo un razonamiento lógico adecuado dentro del marco de pensamiento habitual de un individuo. Además el aumento de estrés provocado funcionaría como caldo de cultivo para la aparición de trastornos asociados, ya que la suceptibilidad psicológica del paciente se vería considerablemente aumentada.

Por lo tanto, son muchos los factores internos que podrían estar condicionando una decisión, que aunque parte de la libertad última del ser humano para decidir sobre cómo quiere salvaguardar la dignidad de sus últimos días de vida, llevaría consigo la responsabilidad de una situación que el individuo no siempre puede tener el poder de controlar.

Superar este aspecto, supondría añadir las suficientes connotaciones a la Ley para que sólo en casos perfectamente perfilados (cumplan con las características necesarias para dotarles del poder de decisión ante su salud mental) se pueda decidir sobre el final de su trayectoria médica. De ser así, estaríamos hablando de una nueva cultura de la muerte, en la que esta dejaría de estar institucionalizada para volver a acercarse al origen de la evolución natural.

Marta Mero – Psicóloga

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