Denuncian ante la CE la prohibición de circular coches diésel en Baleares
Francina Armengol, presidenta balear, junto a Pedro Sánchez en Moncloa (Foto: Fernando Calvo)
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares afecta gravemente el normal funcionamiento del mercado interior y supone un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea
La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC) ha denunciado ante la Comisión Europea el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares.
La norma, en avanzada fase de tramitación, propone prohibir a partir de 2025 circular por las islas a los vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea.
Además, a partir de 2035 la ley contempla impedir conducir coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Desde ese momento, sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.
Tal y como interpretan el texto los fabricantes, «ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a las isla a partir de estas fechas». Y tampoco los concesionarios radicados allí podrán venderlos.
La Asociación entiende, y así lo expone en sus escritos dirigidos a las autoridades europeas, que estas medidas son «arbitrarias y desproporcionadas, están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
La prohibición -añaden- pretende atajar un supuesto problema de calidad del aire, «cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares». Por ello, insisten, no puede ampararse en la protección del medio ambiente y la salud de las personas porque no concurren los requisitos necesarios.
Por otra parte, la prohibición incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al «afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías». Además, supone un «grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos» para el sector.
Por todo ello ANFAC solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, se solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.
Los fabricantes destacan que en el texto del proyecto de ley se contempla introducir «excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma».
Desde ANFAC advierten de que estas excepciones pueden ser discriminatorias en la medida que tratan de forma diferente a los vehículos de servicios públicos o a los radicados en las Islas Baleares con anterioridad.
«Es evidente que las empresas y ciudadanos que no residan en las Islas no podrán, en términos generales, beneficiarse de esta excepción y circular con sus automóviles», recalcan los fabricantes, que incluyen en esta discriminación a los europeos propietarios de un vehículo diésel (a partir de 2025) o con motor de combustión (2035), que tampoco podrán entrar con sus coches y circular libremente por las Islas a partir de estas fechas.
A pesar de que aún quedan seis años para la posible entrada en vigor de la prohibición, sus efectos se están haciendo notar ya. Los fabricantes afirman que desde que se anunció la ley el mercado de venta de vehículos nuevos ha bajado en las islas Baleares. Sólo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7%.
Además, está afectando al mercado de segunda mano, donde la comercialización de vehículos más modernos cae mientras que la venta de vehículos diésel antiguos, con más de 20 años, ha crecido un 14% porque «nadie quiere invertir en vehículos nuevos o seminuevos ante la incertidumbre de cuándo tendrán que prescindir de ellos».
En definitiva, las propuestas del gobierno de Francina Armengol en materia medioambiental suponen un «golpe durísimo» para el sector del automóvil mientras que el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: «circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores», detalla el escrito.
Por último, destacan los fabricantes que prohibir la circulación de vehículos propulsados por combustibles fósiles obliga al consumidor a adquirir vehículos de una única tecnología, la eléctrica, «lo que frena las posibilidades de innovación del resto de tecnologías».
