Tusk advierte, tras la cumbre de La Valeta, que sin registro no habrá derechos
Tusk (dcha.) muestra su preocupación a Juncker, presidente de la Comisión Europea (Foto: EC)
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido esta tarde, tras la reunión informal de los líderes europeos con sus “socios” africanos en Malta, que el futuro de Schengen está en juego y el tiempo se está acabando.
“Tenemos que recuperar el control de nuestra frontera exterior. Esta es la primera y más importante decisión que tenemos que tomar para frenar la inmigración”, ha dicho Tusk.
El polaco ha agradecido la decisión de Eslovaquia, la República Checa y Hungría de reforzar FRONTEX y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) con 225 funcionarios porque “asegurar nuestras fronteras también exige que se apliquen las reglas y leyes”. Y para ello, Tusk ha insistido en la necesidad de que los “asilados” deben registrarse en el país de la Unión Europea al que lleguen porque “sin registro no habrá derechos”.
Y, por supuesto, ha afirmado tajante el presidente del Consejo, “los solicitantes de asilo no pueden decidir dónde van a recibir asilo en la Unión Europea”.
Tusk ha aclarado que la colaboración de Turquía es fundamental. Por ello, el propio Tusk y el vicepresidente Timmermans se reunirán con el primer ministro turco, Tarik Erdogan, el próximo lunes en los preliminares de la Cumbre del G-20, para convencerle de celebrar una cumbre extraordinaria de los 28 Estados miembros en Turquía tan pronto como sea posible.
Pero el tiempo apremia y la Unión Europea debe actuar con rapidez. Es por esto que las políticas europea de inmigración deben conjugarse también con Jordania, Líbano y los países de los Balcanes occidentales.
Por otra parte, la llegada de inmigrantes a Europa no siempre tiene que ser vista como un problema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un estudio sobre el potencial impacto en el mercado fiscal y laboral que la crisis de refugiados podría tener en Europa.
El informe evalúa la entrada en el mercado laboral europeo de los refugiados. Se basa en los flujos observados de los solicitantes de asilo desde enero de 2014 y en dos escenarios de llegadas entre septiembre de 2015 y junio de 2016.
Entre enero de 2014 y junio 2016 se podrían producir unas 380.000 entradas adicionales en el mercado laboral de la UE; y de 680.000 a partir de enero de 2016 y hasta diciembre de 2016.
Como principal país receptor de solicitantes de asilo en términos absolutos la OCDE sitúa a Alemania, que podría tener que llegar a albergar hasta 140.000 refugiados a partir de enero de 2016 y a 290.000 a finales de 2016.
Esto, según el organismo económico, supondría entre un 0,7% y un 1% de su fuerza de trabajo a finales de 2016.
Para responder a esta situación, los países de la OCDE han ampliado las partidas presupuestarias para tramitar solicitudes de asilo y acoger a refugiados. Así, el gobierno de Angela Merkel ha proyectado un 0,5% adicional del PIB anual del gasto público en 2016 y 2017 para satisfacer las necesidades iniciales de los inmigrantes recién llegados y su integración en el mercado laboral; Austria 0,3% del PIB en 2016 y Suecia 0,9% del PIB en 2016. Desde 2011, el gobierno turco ha proporcionado ayuda a los sirios que asciende a 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2014.
Ahora bien, no todo son gastos. El informe de la OCDE estima que la propensión a consumir de los refugiados es bastante alto, lo que proporcionará un impulso a la demanda agregada en las economías europeas que podría ir desde el 0,1 hasta el 0,2% del PIB.
El documento señala que el impacto fiscal neto directo de los refugiados en las economías europeas es alto en el corto plazo pero disminuye rápidamente cuando su integración en el mercado laboral mejora. Por ejemplo, en Canadá, los estudios muestran que cuatro años después de llegar, el 75% de los refugiados acogidos por el país desistió de las ayudas sociales.
Rajoy charla con un asistente en La Valeta (Foto: Moncloa/Diego Crespo)
España, por su parte, pretende acoger a 17.000 refugiados y gestionar cerca de 20.000 solicitudes de asilo. Lo ha vuelto a repetir al término de la Cumbre de La Valeta sobre Migración, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha defendido que la Unión debe gestionar tanto las consecuencias de la crisis migratoria como, «lo que es más importante», su origen.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que el objetivo de la Cumbre de La Valeta era abordar la actual crisis migratoria. Y que con este objetivo se han adoptado «mecanismos extraordinarios de reubicación y reasentamiento» para «acoger y distribuir entre los estados miembros de la UE a 160.000 refugiados en los próximos dos años».
El presidente del Gobierno ha señalado que España está reforzando y redimensionando el sistema nacional de acogida y de integración, «tanto en medios materiales como en medios humanos». También se ha aumentado «muy notablemente» el presupuesto inicial y se han puesto a disposición de Frontex y de la OEAA «cincuenta funcionarios españoles especializados en la gestión de flujos migratorios».
Al respecto, Rajoy ha recordado que el pasado fin de semana comenzó «un primer proyecto piloto de reubicación de refugiados desde Italia», una experiencia que «nos servirá para organizar con eficacia la acogida de más de 17.000 personas necesitadas de protección internacional».
Mariano Rajoy ha comentado que en la Cumbre de La Valeta se ha solicitado a España que comparta su experiencia de cooperación con Marruecos, Senegal, Mauritania y otros países de África occidental: «Debo decir que varios líderes africanos me han expresado su reconocimiento a la labor de España en materia de cooperación y diálogos migratorios».
El presidente del Gobierno ha enumerado las medidas concretas que se han adoptado en Malta: creación del Fondo Fiduciario para África dotado con 1.800 millones de euros y destinado a promover el desarrollo de los países de origen y tránsito de los migrantes; reducción de los costes de las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen (en algunos casos constituyen el 10% de su PIB); fomento de los canales legales de inmigración y extensión de becas para investigadores africanos; mejora de la cooperación con los países de origen y tránsito para promover la readmisión de la inmigración irregular; lucha contra las mafias; estabilización de las zonas de conflicto, y fomento del diálogo regional institucionalizado.
Según Rajoy, son decisiones que «constituyen avances para resolver este tema a medio y largo plazo».
