Parlamento y Comisión debatirán la suspensión de fondos a España
Una de las comisiones parlamentarias celebradas en Estrasburgo (Foto: EC)
España se salvó este verano de una multa por incumplimiento del objetivo de déficit
Eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Desarrollo regional y Asuntos económicos discutirán el próximo lunes 3 de octubre con la Comisión Europea la posible suspensión de los fondos estructurales y de inversión a España y Portugal tras la decisión del Consejo del 12 de julio de iniciar contra ambos países un procedimiento por «déficit excesivo».
Sobre la mesa de la reunión que se celebrará en Estrasburgo estará el destino de fondos destinados a impulsar el desarrollo y el empleo en Castilla y León, Andalucía, Galicia, Murcia, Melilla, Canarias, Aragón, etc… Todas las Comunidades Autónomas tienen proyectos que dependen de las inyecciones de capital procedentes de la Unión.
El lunes, una vez que tanto el Eurogrupo como la Comisión han asumido ya que España, con un Gobierno en funciones, no podrá entregar a tiempo los Presupuestos Generales de 2017 y tan sólo obtendrá unas cuentas prorrogadas, será el Parlamento el lugar donde se discuta qué hacer con gran parte de los fondos europeos de los que dependen una buena lista de infraestructuras y servicios públicos en las CCAA.
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ya advirtió, tras la última reunión de los ministros de finanzas europeos en la que el español Luis de Guindos anunció a sus colegas que España sólo puede prorrogar los actuales Presupuestos, que la Comisión aún debe tomar una decisión sobre la posible congelación de los fondos europeos a partir de 2017 si España no actúa para reducir su déficit.
Hay que tener en cuenta que después de que el Consejo Europeo decidiese que España y Portugal no habían tomado todas las medidas adecuadas para corregir la desviación de sus déficit públicos e iniciase el procedimiento por déficit excesivo contra ambos países, la Comisión está obligada a proponer una suspensión de parte de los compromisos en fondos estructurales y de inversión para 2017.
La normativa europea prevé para estos casos una suspensión de hasta el 50% de los contratos o subvenciones que aún no se han firmado, lo que, en el caso de España, podría afectar a unos 5.000 millones de euros, según los cálculos de los más pesimistas. Sin embargo, el ministro de Economía español apuntó durante su última comparecencia en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados que la pérdida sólo alcanzaría los 1.325 millones de euros, ya que cuando se hacen este tipo de cálculos se tienen en cuenta también variables como la tasa de paro y los años de recesión.
Sea cual sea el resultado, lo cierto es que tras la reunión del lunes entre el Parlamento Europeo y la Comisión será la Conferencia de Presidentes (presidente del Parlamento y líderes de los grupos políticos) la que decida, probablemente el 6 de octubre, los próximos pasos a dar entorno a este asunto “capital”.
Un capital, por cierto, que España podrá recuperar en cuanto presente medidas de ajuste que sean aceptables para la Comisión. Una circunstancia que el Gobierno de España en funciones confía que se produzca con el anunciado aumento de la retención del impuesto de sociedades con el que De Guindos calcula que se recaudarán 6.000 millones de euros más al año.
