Maduro ha ejecutado a más de 18.000 venezolanos desde 2014
Nicolás Maduro en una imagen del Gobierno de Venezuela
La OEA reafirma crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El Parlamento Europeo no ‘observará’ las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de diciembre en el país caribeño
Nicolás Maduro ha ejecutado a 18.093 venezolanos desde 2014.
Es la más escalofriante de las cifras que se desvelan en un informe publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que concluye que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde febrero de 2014.
La dictadura bolivariana, además, ha detenido de forma arbitraria a 15.501 personas, a muchas de las cuales ha privado de libertad. 724 personas desaparecieron entre 2018 y 2019 y 653 sufrieron torturas.
El informe, que parte de un trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constata que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen bolivariano, incluso como método de tortura.
Al mismo tiempo, decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves por culpa de la crisis humanitaria creada por el régimen. El informe refleja que hay al menos en Venezuela 7 millones de personas necesitadas y más de 100.000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. la miseria es tal que 52 de cada 100 niños tienen deficiencias nutricionales y el 24% de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.
Obviamente, la OEA responsabiliza de todo esto al Gobierno de Nicolás Maduro pero también acusa a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por no haber abierto una investigación sobre estos crímenes a pesar de haber estado durante casi tres años investigando la situación en el país caribeño.
El nuevo informe de 153 páginas amplía otro redactado en 2018 por un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA que concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Pues bien, el nuevo documento señala que, desde la publicación de ese informe en 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país se enfrenta a una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos.
Durante el tiempo transcurrido entre un informe y otro la fiscal de la CPI no ha hecho nada por lo que la OEA la recomienda ‘proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo ‘Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020’.
El régimen de Maduro ha cometido ‘actos inhumanos’ intencionadamente que han facilitado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela. Las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho ya no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con total impunidad.
En este horrible escenario, ‘la búsqueda de la justicia internacional es el único recurso que queda’, señala el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha afirmado que ‘se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo’.
‘La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Venezuela, como las ejecuciones extrajudiciales o las detenciones arbitrarias, es que constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional’, dijo Jared Genser, Asesor Especial de la OEA. ‘Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos’, agregó.
Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su ‘examen preliminar’. Como resultado, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad.
En este contexto, el Parlamento Europeo suscribió ayer una declaración en la que deja claro que no observará las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de diciembre en Venezuela. ‘El Parlamento Europeo no observará los comicios, y por tanto no hará comentarios sobre el proceso ni sobre los resultados. Ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido mandato para ejercer de observador ni comentar sobre el proceso electoral en nombre de la Cámara. Por ello, si algún eurodiputado decide observar estas elecciones lo hará por propia iniciativa y en ningún caso podrá vincular sus posibles declaraciones o actuaciones con el Parlamento Europeo. En su resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados de julio de 2020, el PE apeló a crear las condiciones adecuadas para la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles, incluidas condiciones justas para todos los participantes, lo que no ha sucedido’, dice la resolución aprobada en la Eurocámara.
