Los policías alertan sobre un más que posible ‘boom’ migratorio
Critican que no se les permita usar material antidisturbios en las fronteras con Marruecos
Sólo en Libia hay cerca de un millón de inmigrantes subsaharianos esperando entrar en Europa.
Son cifras de Frontex, el organismo que se encarga de vigilar las fronteras de la Unión Europea (UE). A estos hay que sumar otros 300.000 ‘irregulares’ que en los tres últimos años han llegado a la costa europea principalmente por Italia.
Ya en marzo de 2016, el ministro francés Jean-Yves Le Drian, elevaba la cifra de inmigrantes concentrados en Libia a 800.000. Y un año antes, en 2015, la jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini, habló de unos 500.000 desplazados que podrían tratar de cruzar el mar mediterráneo desde Libia.
Pues bien, desde ese año, desde 2015, han llegado a Europa más de un millón de refugiados procedentes de Siria, Afganistán e Irak a través de las fronteras de Turquía; y desde 2016, sólo a Italia, han llegado vía marítima más de 313.000 inmigrantes irregulares (181.380 en 2016, 119.310 en 2017 y 13.808 hasta junio de 2018).
Todas estas preocupantes cifras las pone de relieve hoy el sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP) para alertar de la «avalancha» migratoria que se cierne sobre la Unión.
Parece ser que desde primeros días de julio las autoridades libias están controlando las salidas de embarcaciones con destino a Italia y también están empezando a realizar devoluciones de centenares de inmigrantes hacia Níger y Chad principalmente. Esto está provocando un movimiento de masas hacia el oeste, principalmente hacia centro de Argelia, que buscan la ruta hacia Marruecos a través de los antiguos pasos fronterizos del norte, principalmente de Magnia. Hace tan solo unos días, el pasado 31 de julio, Karima Benyaich, la embajadora de Marruecos en España, explicaba en Madrid que «Marruecos está sufriendo un mayor flujo de llegadas de inmigrantes subsaharianos al haberse cerrado las vías orientales y centrales del mediterráneo».
Por otra parte, las informaciones -Agencia Europea de Fronteras (Frontex), equipos bilaterales de países de la UE desplegados en el África subsahariana, así como ONGs- de los últimos días alertan de la larga sequía que azota desde 2014 la parte central y occidental de Sahel y que ha sumido a uno de cada cinco habitantes en la necesidad de ayuda humanitaria urgente. En la parte occidental (norte de Senegal, sur de Mauritania, Burkina Faso, Niger, Chad, y Mali), la falta de lluvias no sólo ha afectado a las cosechas, sino que ha diezmado el ganado y ha afectado al resto de medios de subsistencia. En la misma línea, sólo en Chad, más de cinco millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria en 2018.
Los conflictos armados de Nigeria, Sudán del sur y Somalia, también castigados por las sequías que podrían conllevar hambruna extrema, hacen estimar a fuentes policiales extranjeras y europeas desplegadas en la zona que en las próximas décadas habrá una cifra superior a 30 millones de africanos con intención de emigrar hacia Europa.
En este punto, el sindicato ASP habla de fracaso absoluto de la Unión Europea, donde la única solución que se les ha ocurrido ha sido pagar 3.000 millones de euros al año a Turquía para que tapone las fronteras con Siria y 130 millones de euros iniciales a Libia acordados en la pasada cumbre de La Valetta (Malta) celebrada el pasado 3 de febrero de 2017 para que corte la llegada de los miles de subsaharianos que aguardan en sus costas. Marruecos pidió ayer otros 66 millones de euros, para contener las avalanchas de inmigrantes que penden sobre las costas españolas.
En ASP sienten «avergüenza» ante la actitud de los gobiernos de la UE: «De puertas para fuera pagan a través de los fondos europeos a Marruecos, Argelina, Túnez, Egipto, Libia, Mauritania y Turquía para que repriman policial y militarmente las rutas de inmigración irregular con destino a Europa y de puertas para dentro anuncian a bombo y platillo ayudas sociales para los que logran vulnerar nuestras fronteras». Esto, que califican de «buenismo infantil» frente a las mafias de trata de personas que buscan continuamente una ruta abierta para entrar en Europa, no tiene ningún sentido.
En este punto, avisan de que el país más perjudicado por el «efecto llamada» en Europa es Marruecos. Es el primer país que absorbe el impacto de la llegada de esas bolsas de miles de subsaharianos que esperan acceder a Europa a través de España. Tanto es así que en 2014 y 2016 Rabat se vio obligado a regularizar a 52.0000 inmigrantes.
Aún así, en Marruecos hay más de 50.000 subsaharianos irregulares, la mayoría con la intención de alcanzar suelo europeo a través del estrecho de Gibraltar. Actualmente, deambulan por las ciudades costeras del norte del país (Tánger, Nador, Tetuán) pero ya empiezan a ser un problema social y de orden público.
Ante todas estas circunstancias los policías en ASP se preguntan por qué los agentes de la Policía y la Guardia Civil tienen prohibido usar material antidisturbios en las avalanchas violentas que se producen en las vallas de Ceuta y Melilla «cuando en cualquier otro escenario dentro de nuestro territorio se emplean en casos similares». Sobre todo ahora que el Gobierno actual ha manifestado su intención de retirar las concertinas de las vallas.
Los portavoces de este sindicato policial reprochan otra «práctica» que no ayuda a controlar la llegada de inmigrantes irregulares. Explican que éstos ocultan sus verdaderas identidades y nacionalidades para, semanas después, empadronarse en ayuntamientos y obtener la tarjeta sanitaria, después de exhibir ante los mostradores de ayuntamientos y comunidades autónomas sus pasaportes verdaderos, sin que esas instituciones comuniquen de oficio a la Policía Nacional las identidades verdaderas de los irregulares.
Con este tipo de tretas, afirman, la situación actual ha sobrepasado el colapso. Faltan plazas en los Centro de Internamiento (CIEs) y hay que alojar a miles de subsaharianos en pabellones deportivos de la costa de Cádiz bajo la custodia de dos o tres policías nacionales. Y cuando se abre expediente para su expulsión dan nombres y nacionalidades falsas para evitar ser identificados. Finalmente, una vez convertidos en irregulares inexpulsables son captados por las mafias chinas para el desarrollo de venta ambulante ilegal en las principales ciudades españolas».
Para terminar, reprochan al actual director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que hable de «algunos cientos» de personas intentando entrar en España, «cuando él sabe por sus servicios de información que sólo en Marruecos hay más de 50.000 subsaharianos esperando acceder a suelo español y que en Libia, según las fuentes oficiales Frontex, hay más de un millón».
Recuerdan estos policías a Azón que mientras haya buenas relaciones con Marruecos la cosa no explotará definitivamente pero que «gestos como el del AQUARIUS, o anunciar tarjeta sanitaria para irregulares y la retirada de concertinas, pueden originar falsas esperanzas en gente que lo está pasando mal y que puede plantearse venir».