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El TJUE obliga a Uber a operar como transportista

Uber

Uber no es una simple aplicación móvil

Por lo tanto sus servicios deben estar amparados por una licencia de transportes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo ha dictado este 20 de diciembre una sentencia en la que circunscribe el servicio prestado por empresas como UBER en el de transportes.

En consecuencia, los Estados miembros pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio.

Dice el Tribunal que la plataforma electrónica Uber presta, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, un servicio remunerado de puesta en contacto de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos.

Una asociación profesional de taxistas de la ciudad de Barcelona interpuso una demanda contra la empresa pidiendo que se declarase que las actividades de Uber constituyen prácticas engañosas y actos de competencia desleal. Algo que no aceptó un juzgado de Madrid al resolver un problema similar planteado por los taxistas madrileños respecto a Cabify.

Ahora, los magistrados europeos dicen que, en efecto, ni Uber ni los conductores -no profesionales- de los vehículos en cuestión disponen de las licencias y autorizaciones previstas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona.

Para comprobar si las prácticas de Uber pueden calificarse de desleales e incumplen la normativa española en materia de competencia, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona consideraba necesario dilucidar si Uber debe disponer de una autorización administrativa previa y si los servicios que presta son servicios de transporte, servicios propios de la sociedad de la información o una combinación de ambos tipos de servicios.

Mediante su sentencia dictada hoy, el TJUE declara que ha de considerarse que un servicio de intermediación como el de Uber que tiene por objeto poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes», a efectos del Derecho de la Unión.

En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito de aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico.

De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia considera, para empezar, que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación consistente en poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano.

En efecto, el prestador de ese servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano.

El Tribunal de Justicia señala a este respecto que la aplicación que proporciona Uber es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano. También pone de manifiesto que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores.

Como sostuvo el abogado general de la Unión en sus conclusiones generales presentadas en mayo, Uber no es un mero intermediario entre conductores dispuestos a proponer ocasionalmente un servicio de transporte y pasajeros en busca de dicho servicio. Al contrario, Uber es un verdadero organizador y operador de servicios de transporte urbano en las ciudades en las que está presente. Si bien es cierto, como afirma Uber en sus observaciones en el presente asunto, que su concepto es innovador, esta innovación está incluida en el sector del transporte urbano.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de «servicio de la sociedad de la información», sino a la de «servicio en el ámbito de los transportes».

El Tribunal de Justicia declara que, en consecuencia, la Directiva sobre el comercio electrónico no es aplicable a un servicio de esta índole, que también está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior.

Por la misma razón, el servicio de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC) no está incluido en la esfera de la libre prestación de servicios en general, sino en la política común de transportes. Ahora bien, los servicios de transporte urbano no colectivo y los servicios indisociablemente vinculados a ellos, como el servicio de intermediación prestado por Uber, no han dado lugar a la adopción de normas sobre la base de esta política.

Los expertos jurídicos creen que este fallo es importante porque abre la posibilidad de que esta jurisprudencia se aplique a otras aplicaciones o plataformas que operan en otros sectores, como Deliveroo o Airbnb.

En el caso de España, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que Uber «en estos momentos, en lo que se refiere a la regulación en España, está cumpliendo con la sentencia» por lo que no habrá «ninguna incidencia» en el marco normativo actual.

No obstante, el gremio del taxi ha recibido el fallo como una victoria. Elite Taxi, la asociación que puso la denuncia que llegó a Luxemburgo, asegura que la sentencia marcará «un antes y un después». Fedetaxi, asociación mayoritaria en el sector, ha expresado su satisfacción por el fallo y exige a la Comunidad de Madrid y a la Generalitat que inspeccionen a Uber desde el inicio de sus actividades en España.

Por su parte, Uber asegura que la sentencia «no cambia nada en la operativa en la mayoría de los países de la UE». También Unauto, la patronal de empresas VTC en España, insiste en que la sentencia no tiene efecto en España «a pesar de la interpretación interesada de ciertos portavoces del taxi».

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