El régimen disciplinario de los jueces polacos viola el derecho UE
El presidente polaco, Mateusz Morawiecki, en una imagen de la Comisión Europea
La Comisión Europea denunció al Gobierno de Mateusz Morawiecki
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha solicitado al Ejecutivo europeo que siga examinando si las reformas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteadas por el gobierno de Pedro Sánchez infringen la legislación europea
El régimen disciplinario de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y de los jueces de los tribunales ordinarios de Polonia no es conforme al Derecho europeo.
El dictamen publicado este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo da la razón a la Comisión Europea, que denunció que el gobierno de Mateusz Morawiecki está vulnerando la legislación comunitaria al adoptar el nuevo régimen disciplinario aplicable a los jueces.
En su sentencia, dictada hoy, el Tribunal de Justicia confirmó todas las denuncias presentadas por la Comisión y concluyó que Polonia había incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la UE.
La Corte encuentra, entre otras cosas, que, a la luz del contexto global de importantes reformas que han afectado recientemente al poder judicial polaco, en cuyo contexto se creó la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo, y debido a una combinación de factores que enmarcaron el proceso mediante el cual se estableció esa nueva cámara, esa sala no ofrece todas las garantías de imparcialidad e independencia y, en particular, no está protegido de la influencia directa o indirecta de los poderes legislativo y ejecutivo polacos.
Entre esos factores, el TJUE critica, en particular, el hecho de que el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, incluidos los miembros de la Sala de Disciplina, esté esencialmente determinado por un organismo (el Krajowa Rada Sądownictwa o Consejo Nacional de la Judicatura) que ha sido reorganizada significativamente por los poderes ejecutivo y legislativo polacos y cuya independencia puede dar lugar a dudas razonables; la Corte también destaca el hecho de que la Sala Disciplinaria estará integrada exclusivamente por nuevos jueces que no formaban parte de la Corte Suprema, así como el hecho de que esos nuevos jueces se benefician, entre otras cosas, de una muy alta remuneración y un grado particularmente alto de autonomía organizativa, funcional y financiera en comparación con las condiciones imperantes en las demás salas judiciales de ese tribunal;
Además, el régimen disciplinario permite tipificar como falta disciplinaria el contenido de las decisiones judiciales adoptadas por jueces de la jurisdicción ordinaria; en consecuencia, podría utilizarse para ejercer un control político sobre las decisiones judiciales o para ejercer presión sobre los jueces con miras a influir en sus decisiones y podría socavar la independencia de los tribunales de que se trate;
Por otra parte, Polonia no ha garantizado que los casos disciplinarios incoados contra los jueces de los tribunales ordinarios sean examinados en un plazo razonable y no ha garantizado el respeto de los derechos de defensa de los jueces acusados, lo que menoscaba su independencia;
Asimismo, los jueces nacionales están expuestos a un procedimiento sancionador por haber decidido plantear una petición prejudicial al Tribunal de Justicia, lo que atenta contra su derecho o, en su caso, su obligación de cuestionar a el Tribunal, así como el sistema de cooperación judicial entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por los Tratados para garantizar la uniformidad en la interpretación del Derecho de la Unión y garantizar el pleno efecto de dicho Derecho.
En estas circunstancias y cuando el Tribunal de Justicia europeo comprueba que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones, el Estado miembro de que se trate debe tomar las medidas necesarias para rectificar la situación.
En íntima relación con este asunto este jueves la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que siga examinando si las reformas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteadas por el gobierno de Pedro Sánchez infringen la legislación europea respecto al estado de derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) o las recomendaciones de la propia Comisión Europea. Asimismo, la Comisión de Peticiones que preside la popular Dolors Montserrat se dirigirá a la Comisión de Libertades Civiles del propio Parlamento Europeo para que este asunto sea también examinado en el Grupo de Monitoreo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales.
