El PE reclama que la euroorden se aplique automáticamente
Momento de una sesión del Parlamento Europeo
Para los responsables de ataques contra la integridad constitucional de un miembro de la UE
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo aprobó ayer que los acusados de atentar contra el orden púbico o la integridad constitucional de un estado miembro de la Unión Europea (UE) sean procesados por este delito aunque se encuentren en un país de la UE distinto al que se haya cometido el delito.
En consecuencia, se les debería aplicar automáticamente la denominada ‘euroorden’ (orden de detención y entrega, OEDE) sin necesidad de dobles comprobaciones, es decir, sin que sea necesario que el delito esté tipificado en los dos países implicados.
El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos, ponente de la reforma, ha explicado que el objetivo es ‘evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión’, como ocurre con los líderes del ‘golpe’ en Cataluña Carles Puigdemont o Antoni Comín, prófugos de la Justicia española.
La propuesta aprobada con una amplia mayoría de la LIBE supone ampliar la lista de delitos -actualmente es de 32- en los que la entrega de un acusado por parte de un estado miembro a otro se produce de manera automática.
La Comisión de la Eurocámara quiere incluir en esa lista el ataque a la integridad constitucional de los estados miembros o contra el orden público; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la denominada doble tipificación.
También que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. Actualmente, el principio de doble tipificación supone que la entrega del acusado puede depender de que el acto cometido constituya delito en el estado miembro que ejecuta la euroorden.
Asimismo, solicita establecer que cuando un estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, éste estado tendrá que justificar con argumentos objetivos y factuales ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.
Reducir para determinados delitos -como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil- el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden.
Por último, la LIBE aboga por incrementar la capacidad sancionadora y que la Comisión Europea pueda abrir procedimientos de infracción a los estados miembros que no cumplan la aplicación de la euroorden, un mecanismo que desde 2004 sustituye al procedimiento de extradición entre países de la UE.
Tras 16 años de aplicación de la OEDE ‘las nuevas formas de delincuencia organizada, el impacto exponencial de la criminalidad en internet, la movilidad de personas dentro del espacio Schengen, la persistencia de la amenaza terrorista, y la necesidad de proteger los procesos democráticos y el estado de derecho (también dentro de la UE), hacen necesario un sistema de cooperación más ambicioso y más ágil entre los estados miembros. La no aplicación de la euroorden debería ser la excepción’, ha añadido. Zarzalejos.
El informe aprobado ayer por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior será votado en las próximas semanas por el Pleno del Parlamento Europeo para su ratificación definitiva.
Desde que está operativa se han realizado unas 56.000 órdenes de entrega entre los estados miembros de la UE. En 2017 se concretaron 6.317 órdenes de entrega, mientras que en 2018 fueron casi 7.000. En 2017 los estados miembros rechazaron 796 peticiones de entrega realizadas por otro estado miembro, pero solo 109 de ellas fueron por riesgo de vulneración de derechos.
