El Parlamento Europeo exige más energía limpia

Momento de la votación en la Eurocámara (Foto: European Parliament)

El PE aprueba que la UE incremente la eficiencia energética el 35% en 2030, fecha en la que el 35% del consumo deberá proceder de fuentes renovables

Además, insta a prohibir el aceite de palma en los biocombustibles a partir de 2021 y a no penalizar el autoconsumo, que no debe ser penalizado

Este 17 de enero ha sido un día importante para el impulso de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático en la Unión Europea.

La Eurocámara quiere que la Unión Europea adopte un objetivo vinculante de reducción del consumo del 35% en 2030 y aumente la cuota de las renovables hasta el 35% del total.

La proporción de energía consumida en los países socios procedente de fuentes renovables casi se ha duplicado en los últimos años: de aproximadamente el 8,5% en 2004 hasta el 16,7% en 2015. Y la UE está en camino de alcanzar su objetivo del 20% para 2020. En 2014, los países de la UE acordaron que esta meta debería aumentar hasta el 27% para 2030, pero los eurodiputados han aumentado este miércoles la cifra hasta al menos el 35%.

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado así la propuesta de la comisión parlamentaria de Industria de establecer objetivos vinculantes para potenciar la eficiencia y las energías renovables. Además de una cuota global del 35%, los eurodiputados -485 han votado a favor, 132 en contra y 58 abstenciones- piden que el 12% de la energía usada por el sector del transporte en 2030 proceda de fuentes renovables.

Para alcanzar estas cifras a nivel comunitario, los países deberán fijar sus propios objetivos nacionales, que serán coordinados y supervisados en virtud de otro proyecto legislativo, también aprobado hoy por el PE, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía.

En el ámbito de la eficiencia energética, la Eurocámara se ha pronunciado a favor de un objetivo vinculante del 35% para el conjunto de la Unión y umbrales orientativos para cada país. Este objetivo se calculará a partir de la proyección de consumo energético para 2030 según el modelo PRIMES (que simula el consumo y suministro de energía en la UE).

Los cálculos cifran en 350.000 millones de euros el ahorro anual que la UE haría en importación de energía si se redujese el consumo de energía en toda la UE en un 35% para 2030. Un área importante para lograrlo es mejorar la calefacción y la refrigeración de los edificios, que suponen el 40% de toda la energía consumida en la UE y alrededor del 75% de ellos son ineficientes desde el punto de vista energético. El objetivo es que para 2050 los edificios de la UE sean mucho más eficientes.

El texto sobre renovables, que ha salido adelante con 492 votos a favor, 88 en contra y 107 abstenciones, establece que, para alcanzar el objetivo global del 35% en 2030, también deberán fijarse objetivos nacionales. Los países podrán desviarse hasta un 10% de esas cifras bajo determinadas circunstancias.

Los eurodiputados han apoyado los cambios introducidos por la comisión parlamentaria para asegurar que los consumidores que producen electricidad pueden consumirla, así como instalar sistemas de almacenamiento, sin tener que pagar impuestos o tasas por ello. La «orden» de los parlamentarios es que los Estados miembros evalúen los obstáculos al autoconsumo y faciliten que los consumidores, particularmente los hogares, se unan a comunidades productoras de renovables sin exigencias o procedimientos no justificados.

En cuanto al transporte, en 2030 cada Estado miembro deberá asegurarse de que el 12% de la energía utilizada por el sector procede de fuentes renovables. La contribución de los biocombustibles de «primera generación» (elaborados a partir de alimentos y piensos ) deberá limitarse al nivel de 2017, con un máximo del 7%, en el transporte por carretera y ferrocarril. Los eurodiputados quieren prohibir el uso de aceite de palma a partir de 2021.

La cuota de biocombustibles avanzados (cuyo impacto en el uso de la tierra es menor que el de los elaborados a partir de alimentos y piensos), combustibles renovables para el transporte de origen no biológico, combustibles derivados de residuos y electricidad renovable deberá alcanzar el 1,5% en 2021, aumentando progresivamente hasta el 10% en 2030.

Para apoyar esta medida, al final de 2022, el 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberán estar equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Por lo que se refiere a la biomasa, el Parlamento ha pedido medidas específicas para evitar incentivos al uso no sostenible de la biomasa para producción de energía cuando haya alternativas industriales o materiales que aporten mayor valor añadido. Así, apuestan por el uso de desechos y residuos para producir energía.

Tras las decisiones adoptadas en esta importante sesión parlamentaria, cada Estado miembro deberá enviar a la Comisión, antes del 1 de enero de 2019 y cada diez años a partir de esa fecha, un plan integrado sobre energía y clima. El primero de esos planes deberá cubrir el período que va de 2021 a 2030.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA ya ha mostrado su alegría por este gran paso dado por la Eurocámara, que esperan respete el Gobierno español. En este sentido, consideran fundamental el apoyo del ministro de Energía, Álvaro Nadal, ante el Consejo Europeo, que actualmente defiende un 27%.

La alegría, sin embargo, no es total ya que no se han establecido metas vinculantes a nivel nacional y determinadas propuestas específicas. En APPA aseguran que para alcanzar una participación de renovables de entre el 27 y el 35% (posturas del Consejo y el Parlamento), España necesita la contribución de todas las tecnologías renovables ya que debe duplicar su porcentaje de energía renovable en solo 12 años.

Por eso les preocupa que las propuestas aprobadas en relación con el sector de biocarburantes (excluyendo a los biocarburantes convencionales de la obligación de combustibles renovables, limitando su aportación al 5%, prohibiendo ciertos tipos de biodiésel desde 2021…) ponga en peligro la supervivencia de la industria nacional y, por tanto, su contribución a la consecución de los objetivos.

Hasta el momento y con las subastas celebradas en 2016 y 2017 en España se podrán instalar 8.700 megavatios de nueva potencia renovable que implicarán inversiones del entorno de 8.300 millones de euros y generarían cerca de 90.000 empleos -directos e indirectos- durante la fase de instalación. De estos empleos, más de 51.700 se producirían en el sector eólico y más de 4.600 en bioenergía. El sector fotovoltaico podría superar durante la fase de instalación los 33.400 puestos de trabajo, 28.000 directamente ligados a las subastas.

Tras esta primera fase de instalación, más de 18.000 empleos serían permanentes, vinculados a la fase de operación y mantenimiento de la nueva potencia instalada.

Las Comunidades Autónomas más activas a nivel regulatorio son Andalucía, Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha que han publicado recientemente regulación específica para impulsar las energías renovables en sus territorios.

Galicia, con su Ley 5/2017, no solo ha impulsado por vía rápida los proyectos adjudicados en las subastas sino que garantizó la tramitación simplificada para el resto de proyectos que se presentaron antes del 26 de noviembre. Andalucía también ha facilitado la tramitación de acceso y conexión, entendiendo que los trámites administrativos no deben demorar el desarrollo renovable. Castilla-La Mancha, con el Decreto 34/2017, curiosamente publicado antes que las subastas de 2017, ha cambiado para bien la tramitación de los nuevos proyectos. Por último, Aragón es una de las Comunidades Autónomas que ha visto recompensado su esfuerzo regulatorio con la concesión de numerosos proyectos en las recientes subastas.

Extremadura merece una mención aparte. Aunque no cuenta con nueva regulación, esta Autonomía está siendo muy activa en la agilización de los proyectos lo que se ha traducido en un importante atractivo para las empresas.

Pero como en todo hay puntos negros. Al sector español de la energía limpia le preocupa sobremanera los casos de Baleares y Canarias, no solo por estar entre las cuatro regiones con menor potencia renovable instalada sino también porque, por su condición de islas y su excelente recurso renovable, son regiones con un grandísimo potencial para poder beneficiarse de esta transición energética…

Pinche sobre la imagen para ver las cifras de la eólica

Según el análisis de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que también aplaude la aprobación del nuevo objetivo del 35% de energías renovables para 2030, la aportación de la eólica en España será de un 30% en el mix eléctrico ese año, con una potencia eólica instalada de 40.000 MW.

Para España, esta contribución eólica supone beneficios económicos y sociales equivalentes a una aportación al PIB de más de 4.000 millones de euros, reducción de importaciones de combustibles fósiles en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo y evitaría la emisión de 47 millones de toneladas de CO2.

A día de hoy, la industria eólica europea emplea a 263.000 trabajadores y contribuye con 36.000 millones de euros al PIB de la UE. El año pasado supuso 8.000 millones de euros en exportaciones, de los cuales 2.500 millones corresponden a España.