El ECDC alertó el 2 de marzo sobre el peligro vírico que corría Europa
Así estaban las cosas este miércoles, 25 de marzo, a las 10:00 horas
Este hecho ha sido usado por un abogado para denunciar ante la Justicia al presidente del Gobierno y a los delegados del Gobierno de todas las comunidades y ciudades autónomas, que autorizaron las concentraciones del 8-M
El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) publicó el 2 de marzo una evaluación de los riesgos que sobrevolaban Europa con el coronavirus.
El centro con sede en Estocolmo (Suecia) decía ese 2 de marzo, seis días antes de celebrarse en toda España las manifestaciones del 8-M en favor de la «igualdad de la mujer», que el riesgo de transmisión generalizada de COVID-19 en la Unión Europea en las próximas semanas era «de moderado a alto».
Esa fecha, el número total de casos notificados era de 89.068 a nivel mundial (2.199 de ellos en la UE) y el total de muertos ascendía ya a 3.046 en todo el mundo (38 en la Unión). Y «se espera que más países notifiquen más casos», avanzaba el ECDC, que se hacía eco de que ya había un número creciente de países en el mundo y en Europa con «transmisión comunitaria generalizada» y de que eran casos de exportación con transmisión posterior a áreas previamente no afectadas.
«Hasta ahora, las medidas de control han sido capaces de disminuir la velocidad, pero no de detener la propagación», ratificaba el organismo de prevención de enfermedades europeo, que ya sabía que «los casos con síntomas leves son numerosos y capaces de transmitir la infección». También conocía que los pacientes «con síntomas leves no siempre son conscientes de su potencial infectividad». E igualmente era consciente ya de que «algunas personas con síntomas leves que fueron al médico contagiaron a los trabajadores de la salud».
Por si esto no fuera suficiente para ponerse en alerta, el ECDC añadía en su evaluación sobre el virus chino que «las áreas previamente no afectadas están informando de casos sin antecedentes de viajes a países o áreas donde se conoce la transmisión comunitaria».
«Se deben tomar medidas para prepararse para una estrategia de mitigación que incluya esfuerzos coordinados para proteger la salud de los ciudadanos de la Unión Europea», afianzaba el estudio, que alertaba además de que «un aumento significativo en los casos de COVID-19 en las próximas semanas tendría un alto impacto en la salud pública y en los sistemas de salud»…
En este contexto, se apercibía desde Estocolmo que «la comunicación de riesgos al público y a los profesionales de la salud implicaría la necesidad de más recursos. Una mayor transmisión podría resultar en un aumento significativo de los ingresos hospitalarios en un momento en que los sistemas de atención médica ya pueden estar bajo presión debido a la actual temporada de influenza. Esta situación se agravaría aún más si un número considerable de trabajadores de la salud se infectara. Los cuellos de botella también pueden surgir en términos de capacidad de diagnóstico. Las medidas de contención destinadas a frenar la propagación del virus en la población son, por lo tanto, extremadamente importantes», termina el comunicado público del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, que parece que estaba viendo hace 23 días lo que está ocurriendo hoy miércoles, 25 de marzo, en España.
Esta alerta lanzada el 2 de marzo por el ECDC y que puede leer aquí en inglés ha sido usada por un abogado para basar una denuncia dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades y ciudades autónomas.
La juez de instrucción, que se ha inhibido respecto de Pedro Sánchez por estar éste aforado en el Supremo, sí ha incoado diligencias previas respecto al delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien autorizó decenas de reuniones multitudinarias tras la advertencia del Centro europeo. Lo investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir el 8-M.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) también ha denunciado ante el Fiscal General del Estado la falta de protección de los profesionales por si pudiera revestir carácter de delito.
Aducen en el texto de su denuncia que en menos de 24 horas se han registrado 1.490 nuevos casos de coronavirus entre los profesionales sanitarios. En total ya van 5.400, lo que supone alrededor del 13% de todos los contagiados en España que hoy se acercan a los 40.000. Estos profesionales se han contagiado en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de la falta de Equipos de Protección Individual (EPIs). «Y alguien es el responsable de esta situación, de esta falta de previsión y del riesgo al que se está exponiendo a los profesionales sanitarios españoles», señala el SAE.
