La sentencia contra López refleja la falta de independencia de la Justicia en Venezuela
Momento de la detención de Leopoldo López en 2014 (Foto: peru21)
El opositor Leopoldo López es condenado a 14 años de prisión
La detención del político venezolano propició la Declaración de Panamá
En España, el Congreso de los Diputados también pidió la liberación de los detenidos
Amnistía Internacional denuncia este viernes que la sentencia de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 de horas de cárcel dictada contra el líder de la oposición en Venezuela Leopoldo López, «sin ninguna evidencia creíble en su contra, muestra la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial en Venezuela».
Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política», ha dicho Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que ha añadido que «el único crimen de López es ser líder de un partido opositor en Venezuela».
La directora americana del organismo internacional asegura que López «nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado» y que se trata de «un prisionero de conciencia» que «debe ser liberado inmediata e incondicionalmente».
Para Guevara-Rosas, con esta decisión el gobierno de Nicolás Maduro «está eligiendo ignorar principios básicos de derechos humanos y dar luz verde a más abusos».
Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular, se entregó a la Guardia Nacional el 18 de Febrero de 2014 tras una manifestación organizada por su formación, tras la que fue acusado de cargos que incluían terrorismo, homicidio y daños corporales agravados, instigación pública, daños a la propiedad, incendio en grado determinador y asociación para delinquir. Ha estado detenido desde entonces.
Durante la manifestación 44 personas murieron, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, y cientos de manifestante acabaron heridas durante las protestas. Tras las mismas cientos de venezolanos fueron maltratados y miles detenidos. En agosto de 2014, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias certificó que la detención de López había sido arbitraria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió a las autoridades que lo liberaran inmediatamente.
Pero no han conseguido nada. Junto a López la Justicia venezolana también ha declarado culpables a Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González. Sin embrago, estos cumplirán su condena fuera de prisión.
También en el caso de Christian Holdack, que recibió una sentencia de 10 años y seis meses, la acusación del Ministerio Público, a la que Amnistía Internacional tuvo acceso, no contenía evidencia creíble que sostuviera los cargos en su contra.
El ex presidente del Gobierno de España Felipe González ha emitido un comunicado en el que denuncia que López ha sido condenado por Nicolás Maduro, como todos los demás presos políticos de Venezuela, por actos de violencia y muertes que son responsabilidad del Gobierno.
González advierte que «sin haber cometido ningún delito, sin ninguna prueba en su contra y sin ninguna garantía en el procedimiento seguido, el Régimen ha decidido una condena por razones políticas, con la que consuma el proceso de destrucción de libertades democráticas emprendido por el Régimen».
Felipe González afirma que «Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto» donde el presidente Maduro decide por el Parlamento y por la Justicia.
Por último, el político socialista dice que «López es el rehén político de la República Bolivariana y sólo unas elecciones, el 6 de diciembre, con garantías serias, pueden devolver la esperanza a los ciudadanos que viven en la escasez, la inseguridad y la violación de sus más elementales derechos».
También el ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, considera de la «máxima gravedad» la condena a Leopoldo López. Aznar, que ha tachado de «parodia» el juicio, pide la puesta en marcha «inmediatamente» de todos los mecanismos de observación internacional necesarios para que las elecciones venezolanas del próximo mes de diciembre puedan celebrarse con garantías.
«La sentencia que condena a Leopoldo López, aunque no nos sorprenda, debe indignarnos como atentado al Estado de Derecho y a la libertad. No hacía falta esta decisión arbitraria para poner de manifiesto, una vez más, la naturaleza autocrática del gobierno venezolano», afirma Aznar, que añade en un comunicado que «se le ha condenado con pruebas inexistentes por un delito que no ha cometido».
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ha defendido la independencia de la Justicia venezolana y considera «peligroso que algunas voces internacionales pretendan legitimar los actos de violencia terrorista».
Por su parte, la representante de Exteriores de la UE, Federica Mogherini, lamenta que Venezuela «haya fracasado en proveer a los acusados de garantías de transparencia y de un debido proceso legal». Y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville, ha mostrado su preocupación por el derecho de López a un juicio justo.
