Lorenzo Ramos, secretario general de UPA
«Las propuestas del grupo de expertos en fiscalidad serían un desastre para el sector agrario español», según los agricultores españoles
Entre las propuestas del informe Lagares [1], encargado por el Gobierno a expertos fiscalistas para acometer una remodelación profunda del sistema recaudatorio, están suprimir el sistema de módulos del IRPF -mayoritario en el campo-, subir el IVA alimentario del 10% al 21% y aumentar los impuestos especiales a los hidrocarburos y a la electricidad y crear el impuesto del vino.
Ante esto, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha pedido al Gobierno que haga caso omiso de las propuestas de los expertos en fiscalidad en lo que afecta a la agricultura y la ganadería ya que, de ponerse en marcha estas medidas, el sector primario sufriría «una carga de impuestos inasumible en la situación de crisis que ya atraviesan los agricultores y ganaderos».
Sobre la eliminación de los módulos del IRPF para autónomos que facturan a empresas, tal y como proponen los expertos -sistema al que se acogen el 90% de los profesionales del sector-, UPA cree que supondría una carga burocrática y de papeleo «muy difícil de gestionar por la gran mayoría de las explotaciones» y que no mejoraría la tributación por ser el agrario un sector perfectamente conocido, estudiado y controlado tanto por el Ministerio de Agricultura como por el Ministerio de Hacienda.
Con respecto al IVA -que Cristóbal Montoro ya ha anunciado que no volverá a subir [2]-, UPA opina que un incremento del IVA reducido o superreducido provocaría «una retracción aún mayor del consumo y finalmente una reducción del precio de nuestros productos en origen».
Por lo que respecta a la introducción de un nuevo gravamen al vino, los agricultores y ganaderos asociados en UPA recuerdan que el consumo en España «está cayendo» y que otros países que compiten con nosotros no lo tienen, por lo que nos restaría competitividad tanto en el mercado interior como en el exterior.
Los expertos también han propuesto la eliminación de las reducciones tributarias en la trasmisión de explotaciones. Para los agricultores, la introducción de estas reducciones supuso reconocer que las tierras no sólo tienen un valor patrimonial sino que también son un medio de producción, por lo que tributar por su transmisión supone gravar doblemente el mismo concepto. Por ello, según UPA, deben mantenerse las reducciones existentes que sólo se aplican en caso de que el adquirente justifique adecuadamente su profesionalidad en la agricultura.
UPA, que asegura estar manteniendo contactos al más alto nivel para explicar los nefastos efectos que tendrían las propuestas en el mundo rural y frenar su aplicación, cree que el Gobierno «debería estar ultimando» un mecanismo para la devolución automática del céntimo sanitario [3], en vez de incrementar el impuesto especial de hidrocarburos», como proponen los expertos, lo que para UPA sería, la subida de la tributación indirecta vía impuesto especial de hidrocarburos o eléctrico, «insoportable para el sector».
Roberto García de UUAA
Por otra parte, el secretario general del sindicato Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, ha alertado hoy de que están entrando en Galicia cisternas de leche francesa y portuguesa a un precio «sensiblemente inferior» al que están cobrando los ganaderos de ambos países, de media, en origen, una circunstancia que está generando tensión en el mercado de cara a una posible bajada al inicio de la nueva campaña láctea.
«Están entrando cisternas de Francia y de Portugal y aunque es cierto que son volúmenes relativamente pequeños con respecto a la producción láctea española», trasladan «tensión» al mercado y son empleadas para «tratar de ponerle precio» al conjunto de los productores, denuncia García, quien considera que «la entrada de esas cisternas de leche con un precio inferior al que se le paga a los ganaderos portugueses y franceses en origen está provocando una situación que no tendría que producirse «si el Gobierno hiciese cumplir la normativa a todos».
«La normativa establece que los contratos entre productores e industrias deben ser anuales, de forma que las oscilaciones trimestrales tengan que ver con una situación de mercado y no con hechos coyunturales», dice García, que argumenta que «llama poderosamente la atención que, a día de hoy, a diferencia de lo que ocurre en Cantabria, en Galicia todavía no se tenga constancia de la apertura de ningún tipo de expediente para demostrar o comprobar a qué precio están entrando esas cisternas y si se cumple el principio de que no se esté vendiendo leche a pérdidas».
«Tendríamos que buscar fórmulas automáticas de mercado para regular el precio y para no dejar al sector en manos de la simple especulación«, ha concluido García.