UGT y CCOO son responsables subsidiarios de los ERE falsos
Mera es escoltado por la Guardia Civil a su entrada al juzgado Nº 6 de Sevilla (andaluciainformacion)
La magistrada prohibe salir de España a los sindicalistas Salvador Mera y Manuel Roberto Carmona y les obliga a entregar el pasaporte, debido a la «extraordinaria gravedad de los hechos que se les imputan»
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE falsos en la Junta de Andalucía, ha establecido una fianza de responsabilidad civil de 251.041 euros para el secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el que fuera secretario general de la Federación, Manuel Roberto Carmona. Alaya establece también la responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CCOO en estos casos irregulares. En los autos notificados ayer a las partes, la magistrada prohibe salir de España a los dos sindicalistas y les obliga a entregar el pasaporte, debido a la «extraordinaria gravedad de los hechos que se les imputan, las penas elevadas a las que podrían enfrentarse y la compleja instrucción, que puede concretar o poner de manifiesto nuevos hechos delicitivos».
Alaya considera que tanto Mera como Carmona se dirigieron entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, para solicitarle la entrega de ciertas sumas de dinero para «paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria». La juez asevera que hicieron la petición «a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos» y señala que ninguno de los conceptos citados «respondía a gastos necesarios soportados realmente».
Las pruebas que tiene la instructora demuestran que se acordaron pagos a UGT y CCOO, que cobraban «habitualmente» unos ingresos mensuales que «podrían oscilar entre los 90.000 euros y algo menos de 20.000 euros«. A lo largo de la década pasada ambos sindicatos cobraron 3,2 millones de Uniter y 4,2 millones de Vitalia «con cargo a las sobrecomisiones abonadas por la Junta». Algunas de ellas, según la juez, se cobraron «doblemente», como en el caso de CCOO en Delphi. Así, en 2007 las comisiones cobradas por los sindicatos fueron de 266.391,63 euros y en 2008 de 206.739,45 euros.
La juez ha decretado también una fianza de responsabilidad civil de 531.065,68 euros al empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom, propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga.
Alaya imputa en los más profundo del fraude de los ERE falsos a los sindicatos
