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Solicitan refuerzos para las fronteras de Ceuta y Melilla

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Un inmigrante ilegal espera que los agentes se vayan…

La madrugada del 1 de enero, en plena Nochevieja, unos 1.100 inmigrantes subsaharianos intentaron saltar la valla de Ceuta y entrar en España ilegalmente

SOS Racismo pide la comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha solicitado que, de forma urgente, se aumente el número de agentes para la zona fronteriza de España con Marruecos en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta asociación de guardias civiles alertan de que, cada vez más, los inmigrantes van perfeccionado y organizando los saltos a la valla. Y eso no es lo peor. El aumento de la violencia que ejercen los asaltantes preocupa sobremanera a los agentes que se encuentran destinados en estas «zonas calientes» y que necesitan la mejora del material que tiene que utilizar para contrarrestar los asaltos.

En el último intento de entrada ilegal en España un policía marroquí perdió un ojo como consecuencia del impacto de una piedra. Barras de hierro, cizallas, piedras de gran tamaño y demás objetos peligrosos son utilizados en cada salto a la valla fronteriza, mientras del otro lado, alegan los guardias civiles, repelen estos ataques exponiendo su integridad física y arriesgando sus vidas para cumplir con su deber de la mejor manera posible.

Esta situación «no es nueva y no parece que vaya a solucionarse pronto». Por eso la AUGC ha solicitado otra vez a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) y al Ministerio de Interior que tomen medias para que los agentes que prestan servicio en Ceuta y Melilla puedan desempeñar su función con garantías y salvaguardar al máximo su integridad física.

En este sentido, piden que se aumente de manera urgente el número de efectivos en Ceuta y Melilla y que se abastezca de mejores y más eficaces medios para prestar servicio en esta zona tan conflictiva y de máximo riesgo.

«Sin duda, dotar de medidas de persuasión en caso de nuevos intentos de asaltos en la valla servirá para mejorar y cuidar tanto la vida de los guardias civiles como la de los inmigrantes que intentan introducirse en territorio español», aseguran.

La AUGC lleva pidiendo algún tiempo a la DGGC la evaluación de riesgos laborales por la violencia que se produce en estos puestos fronterizos. Además, denuncian que hace más de un año que se aprobó el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado, sin que desde la Guardia Civil se adopten las medidas precisas para que dicho protocolo sea de plena aplicación en la Institución.

En este complicado contexto, la Federación SOS Racismo exige la comparecencia urgente del Ministro del Interior para explicar lo sucedido en Nochevieja en la valla de Ceuta. Este colectivo recuerda que el artículo 4 del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prohíbe expresamente devoluciones colectivas como las efectuadas en la frontera de Ceuta.

SOS Racismo pide que, «tras la devolución a Marruecos de más de un centenar de personas en la frontera de Ceuta», Juan Ignacio Zoido aclare la posible vulneración de la legislación internacional de obligado cumplimiento para España.

Mikel Mazkiaran, secretario de SOS Racismo, reprocha que «esta circunstancia ni es nueva ni está exenta de polémica, a pesar de que el actual ministro y su antecesor, Jorge Fernández Díaz, tratan de justificarlo a partir de la promulgación de la Ley de Seguridad ciudadana», en la que se incluyó un Protocolo de protección en las vallas de Ceuta y Melilla.

Mazkiaran recuerda que tanto la Ley de Extranjería como el CEDH contemplan la obligatoriedad de las autoridades de informar a las personas interceptadas tras entrar en territorio nacional de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a asistencia jurídica, intérprete y a la tutela judicial efectiva. También recuerda que es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata.

Todas estas cuestiones, según Irene Carrión, presidenta de SOS Racismo «sumadas a la aceptación pública de una asistencia humanitaria en territorio español -Cruz Roja afirma haber asistido a algunos inmigrantes heridos-, son del todo incompatibles con las actuaciones de Interior».

Asimismo, SOS Racismo advierte que el Consejo de Europa ha recomendado al Gobierno español el cese en la entrega de personas inmigrantes a las fuerzas auxiliares marroquíes, habida cuenta de los malos tratos que éstas les infligen.

Carrión alega que el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, en nombre de la Comisión y en respuesta escrita del 25 de noviembre de 2015 y 29 de enero de 2016 expuso que «puede garantizarse si quienes estén sujetos al retorno inmediato tienen la posibilidad, de hecho y de derecho, de presentar una posible petición de protección en un paso fronterizo de fácil acceso. Mientras exista esta posibilidad, la Comisión no considera que existe justificación para incoar un procedimiento de infracción contra España».

Carrión alega que esta posibilidad es de imposible cumplimiento si se «devuelven» a Marruecos los inmigrantes y aduce que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite, estando pendiente de sentencia varias demandas de particulares que han sufrido en primera persona estas prácticas por posibles vulneraciones de Derechos Fundamentales.

Por todo ello, SOS Racismo insta al Ministro de Interior a comparecer de forma urgente, no sólo para dar las oportunas explicaciones sobre estas potenciales vulneraciones de derecho, sino también para informar de los mecanismos que su Ministerio pondrá en marcha de forma inmediata para dar cumplimiento a la legalidad internacional vigente en materia de Derechos Humanos de acuerdo a lo dispuesto en el punto 2 de la Disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en cuanto establece que «en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte».

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