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Hasta seis Autonomías piden una financiación basada en la despoblación

Luisa Fernanda Rudí

Luisa Fernanda Rudí, presidenta de Aragón

En Extremadura más de la mitad de los municipios no llega a 1.000 habitantes

Los gobiernos de Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, comunidades que representan el 60% del territorio nacional y el 23% de la población, esperan que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta las variables de despoblación. «Es la única manera de responder al declive demográfico que ya se padece en nuestras regiones y que se agravará en el futuro extendiéndose a otras regiones», advierten.

Los Ejecutivos de estas Autonomías han pactado un texto en el que instan al Gobierno de España a realizar una nueva ponderación de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población para que el nuevo sistema de financiación autonómica establezca una mayor dotación a los fondos específicos de Cooperación u otros que se puedan plantear para mitigar esta peculiar característica demográfica.

Además, reclaman al Gobierno de España que cree un grupo de trabajo que fije e implante medidas para corregir la despoblación. «Se trata de dar solución a un problema estructural que requiere de una estrategia a nivel nacional», dice el consejero de Administración Pública extremeño, Pedro Tomás Nevado-Batalla.

Proponen estudiar medidas para estimular la natalidad en áreas en riesgo de grave despoblación a través de la ayuda a las mujeres de estas áreas que cubran sus necesidades reales para poder atender trabajos o negocios durante las primeras etapas de la vida de sus hijos (casas nido, atención domiciliaria, ayudas económicas por hijo en poblaciones por debajo de un número determinado de habitantes…).

Por poner un ejemplo, Nevado ha explicado que Extremadura representa el 2,34% de la población española, y el 8,23% de su extensión, y ofrece ya los primeros rasgos de una población en proceso de envejecimiento, con elevada esperanza de vida y población mayor de 65 años, y una población menor de 15 años cada vez más reducida. «Algo que compartimos con las demás regiones firmantes del texto», dice el consejero extremeño, que añade que «más de la mitad de los municipios extremeños no llega a 1.000 habitantes, y en algunas comarcas las densidades demográficas son inferiores a cinco habitantes por kilómetro cuadrado, lo que implica nuevos retos en los ámbitos económicos y sociales relacionados con la prestación de servicios y la definición de políticas de financiación».

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