Sánchez comanda el continuo ataque del Ejecutivo al Judicial
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fotografiado por Fernando Calvo
La sentencia condenatoria del diputado de Podemos Alberto Rodríguez por patear a un policía durante una manifestación demuestra el plan del Gobierno socialcomunista de moldear la legalidad vigente en su beneficio
Pedro Sánchez permite que miembros de su Gobierno ataquen constantemente al Poder Judicial, garante de la legalidad vigente en España.
El presidente del Ejecutivo comanda una confrontación constante contra el sistema judicial no sólo de sus socios de coalición, los comunistas, independentistas y proetarras que quieren acabar con la división de poderes en la que se sostiene la Democracia española, sino de su equipo más cercano que ya ha intentado acabar con la independencia de la judicatura.
La condena de Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos sentenciado a la pena de prisión por atentado contra la autoridad durante una manifestación, ha multiplicado los ataques de la parte comunista del Gobierno de Pedro Sánchez al Judicial.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en marcha el proceso para que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez deje su escaño después de que el presidente de la Sala del Tribunal Supremo le haya explicado algo tan básico como que las sentencias firmes hay que cumplirlas. Tras pedir explicaciones al Supremo Batet ha trasladado a Rodríguez el oficio del Tribunal que le obliga a cumplir la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Unidas Podemos ha respondido anunciando una querella contra la presidenta del Parlamento a la que acusa de ‘prevaricación’ y de haber cedido ante la ‘vergonzosa presión’ del Tribunal Supremo y de la ‘extrema derecha’. Los comunistas critican la decisión de Batet y afirman que la ha tomado ‘de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso’.
La crítica más dura ha salido del mismo Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. La titular de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha escrito en su cuenta de Twitter que ‘Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación’.
Captura de la cuenta oficial de Ione Belarra
Ante este nuevo ataque a la independencia judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que considera que ‘estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable’.
El órgano de gobierno de los jueces españoles expresa su profundo malestar porque las declaraciones de Belarra, miembro del Gobierno de la Nación, se suman a otros ataques por los que ya han tenido que pedir amparo anteriormente.
La institución presidida por Carlos Lesmes recuerda su carácter independiente, imparcial y objetivo y que toda su actuación ‘persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los españoles’.
Es por todo ello que llama a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel a que no menoscaben su imagen y les reiteran ‘que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas’.
