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Repunta la violencia en las cárceles españolas

CSIF

Los datos son de CSIF y no son oficiales

Cada dos días se produce una agresión a un funcionario de prisiones

Sólo hasta septiembre hubo 186 agresiones en centros penitenciarios, más que en todo el año pasado

En lo que va de año se han producido al menos 200 agresiones a los funcionarios de las caérseles españolas (44 graves), superando ya la cifra de incidentes violentos que se registraron el año pasado.

La cifra, dada a conocer este viernes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), supone una agresión cada dos días. Y ante este hecho «intolerable» los funcionarios exigen una oferta pública de empleo urgente que permita reforzar las plantillas y la aplicación de un protocolo de prevención de las agresiones.

En este sentido, el sindicato de funcionarios denuncia que mientras se descuidan las plantillas en la Administración Penitenciaria, el Gobierno refuerza la seguridad privada. Según datos recabados por CSIF, la contratación del servicio de seguridad privada en los centros penitenciarios para los próximos años tendrá un valor estimado de 58 millones de euros y un importe máximo de licitación de 34,6 millones, que contrasta con los 33,3 millones que se destinaron en 2014 y 2015, cuando se inició el proyecto de privatización.

CSIF rechaza esta nueva partida de gasto en seguridad privada (autorizada el pasado 19 de agosto, en periodo vacacional) destinado a la empresa de seguridad privada que presta apoyo en los 67 centros penitenciarios empleando a más de 900 personas.

A esto, los funcionarios añaden que casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos 10-15 años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.

Además, en los últimos 3 años, se ha producido una merma de 904 efectivos (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013). En este sentido, CSIF reclama un plan de recursos humanos para diseñar una oferta de empleo público a varios años y un decreto que permita ampliar la oferta de empleo para 2017, teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra en funciones.

CSIF fue el primer sindicato que alertó en julio de 2012 sobre los problemas que se derivarían de la introducción de la vigilancia privada en las penitenciarías. Más tarde la APFP hizo lo propio con la seguridad exterior de los centros. Después de 4 años, aseguran los funcionarios, hay 3.400 plazas vacantes entre bajas vegetativas (jubilaciones, defunciones, incapacidad o excedencia) y plazas no cubiertas por la práctica ausencia de oferta de empleo público. Y entre 2011 y 2014 solo se han ofertado 174 plazas.

Esta situación del personal se agrava por la sobre ocupación, que ya se apreciaba en 2013. CSIF estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140 por ciento de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia. En la actualidad, la media de ocupación es de 150 internos por módulo (cuando el ideal serían en torno a 70) de los que se ocupa uno o dos funcionarios.

Y de entre los reclusos, resaltan la importante población, en torno al 45%, con alguna patología psiquiátrica y el aumento de presos con perfil yihadista, que el Ministerio del Interior eleva a 219.

Según Interior, el sistema penitenciario español está integrado por 24.267 funcionarios, 68 centros de régimen cerrado, 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios y 13 centros de inserción social y una población reclusa decreciente de 51.733 internos en la segunda semana de septiembre, frente a los 59.872 internos registrados a finales de 2011.

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