Rajoy y Sánchez firman el acuerdo contra el terrorismo yidahista
Rajoy y Sánchez sellan con un apretón de manos el acuerdo anti terrorista
El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, han firmado esta tarde en La Moncloa un acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, el llamado pacto de Estado contra el terrorismo yihadista.
Tras varias reuniones en las que la prisión permanente revisable se había convertido en un escollo que impedía el acuerdo, Rajoy y Sánchez han escenificado su unidad frente al terrorismo yihadista.
Rajoy ha calificado la firma del pacto como «de singular trascendencia para nuestra democracia», ya que las dos principales fuerzas parlamentarias, lejos de aspectos partidistas, han sido capaces de alcanzar un acuerdo para lograr «la mejor herramienta para garantizar la libertad contra el terror yihadista, demostrando que siempre estaremos juntos por la libertad y contra el terrorismo».
El presidente ha detallado que el acuerdo se sustancia, en primer lugar, en la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a través de una ley orgánica que está abierta al apoyo del resto de fuerzas parlamentarias.
De esta manera, quedarán tipificados o agravados fenómenos como el de los «lobos solitarios«, el uso de las redes para compartir contenidos terroristas, los nuevos modos de financiación de actividades delictivas y el desplazamiento a zonas de conflicto armado. La reforma del Código Penal «seguirá garantizando la máxima pena privativa de libertad para los delitos de terrorismo con resultado de muerte», ha indicado Rajoy.
El acuerdo prevé que a los terroristas que causen muertes se les aplique la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal, aún en tramitación parlamentaria, que establece que la pena para estos casos sería de prisión permanente revisable.
Además, el documento, que consta de una declaración de unidad y ocho puntos, promueve impulsar las reformas legislativas necesarias para hacer frente a las nuevas formas de terrorismo y garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para que la labor de lucha contra el terrorismo que desarrollan la Justicia, los Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en las misiones en el exterior alcance la mayor eficacia posible.
El presidente ha recordado que el Gobierno y la oposición siempre han estado juntos «contra el terrorismo y por la libertad» y lo seguirán estando. Renovar esa voluntad de acuerdo, ha añadido, «es clave para ser más eficaces en nuestro propósito común: que ningún español vea su libertad amenazada o su seguridad comprometida«.
Ese es el aspecto que ha resaltado Pedro Sánchez durante su intervención, que se ha producido antes que la del presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE se ha referido a la prisión permanente revisable que la norma incluye a través del nuevo Código Penal para condenar algunas conductas terroristas extremas. Sánchez ha insistido en que el PSOE derogará la reforma del Código Penal en cuanto llegue al poder pero la necesidad de proteger a la sociedad española ante la amenaza del terrorismo ha obligado a los socialistas a dejar a un lado la «teoría». Pero antes, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la prisión permanente revisable.
Este aspecto concreto del pacto ya había sido explicado por la mañana por la secretaria de Estudios y Programas, Meritxell Batet, cuando fue preguntada sobre el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista.
Batet ha respondido que «lo prioritario es la salvaguarda de la unidad de todos contra el terrorismo, que tiene una línea roja que es innegociable: la prisión permanente revisable, a la que –ha recordado- nos hemos opuesto con mucha contundencia en la reforma del Código Penal, por una cuestión de principios, y que el PSOE se ha comprometido a sacar de esta norma en cuanto gobierne.
Igualmente, Batet ha puesto en valor que, en dos semanas de negociación, los socialistas hayan conseguido «que una lista disparatada de delitos contra el terrorismo se recondujera y se acotaran de manera más clara o que algunos conceptos jurídicos indeterminados que generaban más inseguridad jurídica que otra cosa, también desaparecieran de la redacción propuesta por el Gobierno»; así como «que se matizara la consideración de acto terrorista la consulta ilimitada a páginas web de corte pro yihadista, o que se reconsiderara la elasticidad excesiva de las penas de prisión«, incorporando de ese modo aportaciones del PSOE y también de otros partidos políticos.
Según la dirigente socialista, «durante las negociaciones se ha conseguido mejorar el texto para que la ley ser más eficaz en la lucha contra el terrorismo».
La firma del pacto, que ya fue anunciada la semana pasada desde las filas socialistas, ha levantado sospechas entre las víctimas del terrorismo de ETA, que denuncian que «burla los compromisos internacionales alcanzados por España y supone una merma en la prevención de las formas más graves del terrorismo«.
Las víctimas agrupadas en COVITE piden que se introduzca en el texto como una de las conductas concretas constitutivas de un delito de enaltecimiento o humillación las declaraciones públicas que se refieran a «presos políticos» o «conflicto armado o político» en relación con el terrorismo sufrido en el País Vasco o cualquier otro terrorismo acaecido en España hasta la etrada en vigor de la ley.
Lea el informe completo elaborado por las víctimas sobre la proposición de ley orgánica
También desde UPyD han criticado la forma en que se ha alcanzado el pacto. El portavoz adjunto de la formación, Carlos Martínez Gorriarán, ha señalado que tiene «agujeros» jurídicos y, además, se trata de un acuerdo bipartidista «cocinado» a espalda del resto de las fuerzas políticas. Desde IU dicen que «el PP ha dado un abrazo de oso al PSOE para legitimar la cadena perpetua«.
