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Rajoy ya gobierna y exige a los agentes sociales que alcancen acuerdos en materia laboral

El presidente electo expone “la urgencia” de la reforma laboral a los agentes sociales

Confirma su decisión “firme e incondicional” de cumplir los compromisos de reducción del déficit público

Mariano Rajoy se reunió primero con Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, valoró muy positivamente las conversaciones que mantuvo ayer con los secretarios generales de CCOO y UGT y con los presidentes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, a quienes expuso la necesidad de abordar con urgencia una reforma laboral que contribuya a atajar el principal problema nacional que es el desempleo.

Mariano Rajoy trasladó a los representantes de los agentes sociales su diagnóstico sobre la situación de la economía y les  confirmó su decisión, “firme e incondicional” de cumplir los compromisos que España ha adquirido con nuestros socios europeos en materia de reducción del déficit público y su “determinación” para mantener a nuestro país en el núcleo de la moneda única.

Asimismo, el líder popular reiteró su voluntad de finalizar el proceso de saneamiento y reestructuración de nuestro sistema financiero para que pueda volver a fluir el crédito a las familias y las empresas. El presidente del PP expresó a sus interlocutores su compromiso de abordar con urgencia una reforma laboral que contribuya a retomar en España la senda de creación de empleo.

Esa reforma laboral constituyó uno de los elementos sustanciales del programa con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones del pasado 20 de noviembre. Los asuntos que, a juicio de Mariano Rajoy, debe contemplar esa reforma laboral serían, entre otros, la negociación colectiva, la solución extrajudicial de los conflictos, las modalidades de contratación, el absentismo laboral, las empresas de trabajo temporal y la formación.

El líder del PP escuchó la opinión de los representantes sindicales y empresariales sobre estas cuestiones y les animó a alcanzar acuerdos antes de la segunda semana de enero. Mariano Rajoy es un firme defensor del diálogo social y de la autonomía de empresarios y sindicatos en la negociación, por ello les ha garantizado que el Partido Popular tendrá en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar en el transcurso de sus negociaciones sobre estas cuestiones. Del mismo modo y ante la gravedad de la situación laboral española, Mariano Rajoy pidió a los agentes sociales que hagan un esfuerzo de entendimiento.

El presidente del Partido Popular está muy satisfecho por el desarrollo que han tenido sus reuniones y la acogida que han recibido sus propuestas por parte de los representantes sindicales y empresariales. Mariano Rajoy ha encontrado en sus interlocutores una actitud de responsabilidad y compromiso ante gravedad de la situación de la economía española y el gravísimo problema del desempleo.

Todos los agentes sociales han manifestado su ánimo de llegar a acuerdos en materia laboral y han comprendido las urgencias históricas del país y la lacra que significa el alto desempleo.

Sin embargo, horas antes de esta reunión, La Unión General de Trabajadores hacía público un estudio con en el que intentaba demostrar la ineficacia de la reforma laboral levadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el informe, la contratación indefinida total ha disminuido un 4,5% respecto a 2010, reduciéndose el número de asalariados indefinidos hasta los 11,2 millones. Por su parte, el número de asalariados temporales aumenta durante el segundo y tercer trimestre de 2011, respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en un total de 3,95 millones y con una tasa de temporalidad del 26%.

Estos datos, recogidos por UGT en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la calidad del empleo en España y actualizados al tercer trimestre de 2011, muestran el aumento del volumen de asalariados temporales y de la tasa de temporalidad durante este año, ligado a una pérdida de empleo indefinido. El análisis constata que las medidas adoptadas a partir de la firma del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo (AMCE), en 2006, tuvieron efectos positivos sobre el mercado laboral, aumentando la contratación indefinida un 40% y disminuyendo la contratación temporal.

El futuro presidente del Gobierno terminó su ronda con Cándido Méndez, secretario general de UGT

Sin embargo, a partir de 2008, esta tendencia se trunca con motivo de la recesión económica, afectando en mayor medida a las tasas de temporalidad por el desempleo entre los trabajadores que se encontraban contratados por una duración determinada. En este sentido, en 2010 la contratación indefinida total cae respecto a 2009, y esta tendencia se mantiene en 2011. Desde la entrada en vigor del AMCE hasta 2008, se registraron casi 3 millones de contratos indefinidos iniciales, mientras que en 2011 han sido únicamente 498.403 los registrados inicialmente.

De esta forma, UGT demuestra que, como resultado de la reforma laboral impuesta por el Gobierno, durante 2010 y 2011 se produce una preocupante pérdida de empleo, tanto temporal como indefinido, comportamiento que puede acentuarse en el futuro. Por ello, el sindicato vuelve a destacar, una vez más, el fracaso de aquellas disposiciones a la hora de la consecución de los objetivos de estabilidad en el empleo y la disminución de la elevada tasa de temporalidad que se planteaban inicialmente con la aprobación de esta reforma. UGT considera extremadamente grave que se pretenda crear empleo a base de reformas laborales, que se están mostrando totalmente ineficaces, y reclama una política económica encaminada al estímulo de la actividad productiva y a la recuperación de la economía, lo que conllevará la recuperación del empleo.

Para el sindicato, la política de ajustes y recortes ejercida hasta ahora no es la adecuada para recuperar la economía y el empleo, por lo que manifiesta la necesidad de devolver la prioridad de esta recuperación a la política económica, no a la reducción del déficit. Por ello, y para preservar además el Estado del Bienestar, el impulso de las políticas públicas se debe destinar al estímulo de la actividad económica, que es la que determinará, en definitiva, la recuperación del empleo.

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