Los partidos políticos asumen en solitario el papel de eliminadores de la corrupción

María Dolores de Cospedal ayer en Génova

La corrupción política se ha convertido en un cáncer a estirpar en España. Ahora bien, la forma de hacerlo divide a los partidos políticos que se presentan como las únicas soluciones para limpiarla.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que su formación -con varias personas implicadas en casos de corrupción- ha hecho todo lo que podía hacer ante los casos de corrupción que le han afectado y ha reaccionado como tenía que reaccionar. Nosotros no podemos meter a un militante en la cárcel», dijo Cospedal, que recordó que lo que sí ha hecho el partido ante los últimos casos que se han conocido ha sido dar de baja a los implicados.

En una rueda de prensa celebrada tras el comité de dirección del PP, Cospedal descartó cambios en la estructura interna del partido. Y señaló que la recuperación económica no se puede poner en riesgo por la corrupción política. La dirigente popular advirtió del peligro de que avancen los populismos ante el actual clima de indignación ciudadana, que, aseguró, entiende y comparte.

Por otra parte, los vicesecretarios del PP Javier Arenas y Estaban González Pons mantuvieron ayer una reunión en la sede nacional del partido con una veintena de representantes municipales para empezar a diseñar el próximo programa municipal de cara a las elecciones. Durante la reunión se constató la preocupación por los casos de corrupción en los que se han visto implicados alcaldes y cargos populares. Los cargos locales pidieron medidas contra la corrupción y que el partido incida en el mensaje de que no todos son iguales.

En el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, afirmó ayer que sólo su partido «puede ofrecer un cambio seguro a los españoles, frente a un PP agotado y corroído por la corrupción, y a otras fuerzas extremas que van hacia un futuro vacío».

En su opinión, sólo el PSOE puede  «transformar España, con iniciativas audaces, rigurosas y sensatas» porque, «pese a errores concretos, mi organización es el gran partido del cambio en España».

El líder socialista defendió la decisión del PSOE de no firmar junto al PP un pacto anticorrupción. Según Sánchez, los socialistas no han percibido voluntad de regeneración ni de acuerdo en las conversaciones que han mantenido con los populares». Además, como viene siendo habitual desde que saltó a la primera línea política, abogó por una reforma de la Constitución, otra reforma fiscal y energética y un nuevo estatuto de los trabajadores. Para el líder socialista un nueva reforma fiscal tiene que «ensanchar las bases imponibles, gravar más la riqueza y perseguir el fraude fiscal», es decir, más impuestos.

Por su parte, Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, propondrá en el Congreso de los Diputados que los delitos relacionados con la corrupción no prescriban. Lara aboga por la necesidad de que los delitos de corrupción «no tengan caducidad» y «sigan vivos» para que se persigan. «Nos han robado a todos y por tanto lo tienen que pagar», dijo el líder de IU.

Esta es una de las 45 medidas que contiene la proposición no de ley sobre un «plan integral para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción» que IU registró ayer en el Congreso de los Diputados para su debate en el Pleno. Asimismo, la Izquierda plural propone «ampliar hasta 30 años la inhabilitación» para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos de corrupción.

Cayo Lara

Establecer un procedimiento de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos es otra las medidas que IU propone en el citado plan integral contra la corrupción. Y establecer la «responsabilidad económica subsidiaria para las instituciones financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de delitos de corrupción».

Preguntado por el escándalo de las «tarjeta black» que también ha afectado a su federación, Cayo Lara aseguró que «si IU hubiera conocido lo de las tarjetas sin duda habría llevado el caso a los tribunales».

Y mientras esto pasaba en Madrid, en el Parlament de Cataluña se constituía la comisión de investigación sobre el fraude, la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política. Creada después de conocerse los escándalos de la familia Pujol, abordará, entre otros asuntos, el patrimonio oculto en el extranjero del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Presidida por el diputado de la CUP David Fernández nace con el objetivo de determinar qué tipo de evasión de impuestos han podido producirse durante las últimas décadas, así como si ha habido prácticas corruptas en las contrataciones públicas. ICV-EUiA pedirá la comparecencia de los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, al igual que de Artur Mas, en calidad de ex consejero de Economía del Gobierno catalán, y de los hijos de ex presidente Jordi Pujol.