PP y Cs piden la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene al margen de la violencia en Cataluña (Foto: Fernando Calvo)

Y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña

Torra anima a los CDR, que ayer cortaron carreteras y vías del AVE e intentaron asaltar el Parlament, la delegación del Govern en Gerona y la Subdelegación del Gobierno en Lérida, a mantener la violencia en las calles

El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo anunció ayer Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, al que se ha sumado Ciudadanos para registrar la petición como comparecencia conjunta. El Reglamento de la Cámara permite la petición de comparecencia bien a petición propia por el Gobierno, bien por dos grupos parlamentarios, o bien a través de la firma de al menos la quinta parte de la Cámara -70 diputados-.

PP y Cs quieren que Sánchez informe sobre «las medidas que va adoptar para revertir el deterioro general de la política española, para frenar el empeoramiento de las condiciones económicas y la pérdida de calidad democrática, así como para detener el caos, la violencia y la ocupación del espacio público tolerada y promocionada por las actuales autoridades autonómicas, así como las vejaciones y agresiones a las FCSE y amenazas independentistas que dañan la convivencia en Cataluña, vulnerando los derechos y libertades de los catalanes».

Casado ha ofrecido a Sánchez en varias ocasiones el apoyo del PP para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. La última vez este lunes. El líder popular reivindicó la reactivación del artículo 155 de la Constitución «con la duración que sea necesaria y la amplitud que se requiera para conseguir revertir una situación que ya es insostenible».

Pero Sánchez, que llegó a la Moncloa gracias al apoyo, entre otros, de los independentistas catalanes, no está dispuesto a frenarles si eso supone deja de ser el presidente del Gobierno de España. Aunque la violencia se haya instalado en las calles de Cataluña de forma permanente.

El secretario general del PSOE prefiere abrirse al diálogo con los líderes soberanistas que alientan a los antisistema mientras acusan a la Justicia española de estar teledirigida por el Estado, al que responsabilizan de todos sus males. Lo hacen camuflándolo bajo llamadas a la democracia, los derechos civiles y políticos y la autodeterminación. Como hizo ayer el presidente de la Generalitat, Joaquin Torra, que aseguró que «el primero de octubre fue la democracia en estado puro derrotando al miedo, la amenaza y la violencia».

Cuando se cumple un año del fracasado «referéndum» ilegal del 1 de octubre, la situación en algunas zonas de Cataluña es irrespirable. Lo es desde hace tiempo. Los que están a favor de la independencia de Cataluña señalan, insultan, agreden y apartan socialmente a quienes no comparten sus planes secesionistas. Son «nazis», dicen sin ambages algunos políticos catalanes que no comparten el ideario republicano.

El sábado, cientos de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), en su mayoría de la radical CUP, boicotearon una manifestación convocada legalmente por JUSAPOL. El sindicato policial, que pide la equiparación salarial en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, homenajeaban a los compañeros que trabajaron en Cataluña intentando impedir el 1-O organizado entre los Mossos y los golpistas el año pasado. Pero se lo impidieron los radicales.

Ayer los Mossos tuvieron que frenar el intento de asalto que protagonizaron los más radicales de la CUP -partido que sostiene al Govern de Torra- al Parlamento de Cataluña al final de un día en el que cortaron carreteras y vías del AVE provocando atascos y retrasos, colapsaron el centro de las principales ciudades catalanas y se enfrentaron a las fuerzas del orden público.

Lo hicieron después de que Torra pidiese a los miembros de los CDR «seguir presionando» en las calles a favor de la independencia. En un acto organizado para conmemorar el 1-O en la localidad gerundense de Sant Julià de Ramis, el presidente de la Generalitat se dirigió a los miembros de los CDR presentes diciéndoles que «hacen bien presionando» y les instó a que lo sigan haciendo. «Apretáis y hacéis bien apretando» clamó Torra. Y lo hicieron. Tomaron las calles de Cataluña que, como dijo ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha convertido en un «territorio sin ley».

Sin embargo, para el Gobierno «todo transcurre con la mayor normalidad posible». El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró ayer convencido de que después de un año del 1-O «estamos algo mejor, porque hemos abierto una puerta y expectativas a la política, al diálogo, y al entendimiento».

Peguntado por cómo se estaba sucediendo la jornada en Cataluña -donde ya se habían cortado carreteras, paralizado la salida de trenes, asaltado peajes y arrancado la bandera española de edificios públicos- el responsable socialista dijo que las cosas son «asumibles». Cuestionado sobre el llamamiento de Torra a los CDR a mantener la «presión», Ábalos no consideró que sea una «llamada a la violencia». «Tiene una relevancia relativa» añadió el ministro antes de señalar que «nos importan las acciones». Y frente a la «retórica inflamada de los independentistas» presentó a un Gobierno «empeñado en plantear y procurar caminos transitables, en el sentido de un mayor autogobierno para Cataluña, dentro del proyecto global de España».

La movilización convocada por la tarde por la ANC y otras entidades soberanistas para exigir la activación inmediata de la república culminó a primera hora de la noche con un intento de asalto al Parlament. Fueron frenado por los Mossos d´Esquadra, que realizaron varias cargas con material antidisturbios para dispersar a los manifestantes, tanto en los alrededores del Parlament como en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde algunos independentistas lanzaron objetos y pintura contra los agentes que custodiaban el edificio.

Los portavoces de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa, tuvieron que salir escoltados de la Cámara por varios agentes. Denunciaron «insultos, señalamiento y abucheos» por parte de los «comandos separatistas» y criticaron que Sánchez diga que «todo es normal mientras Torra les anima a seguir con la coacción».

Antes de producirse los incidentes más violentos de la jornada, PP y Ciudadanos ya criticaron la pasividad del Gobierno.

El presidente del PP, Pablo Casado, cuestionó en un mensaje de Twitter «cómo es posible que el Gobierno no haga nada» y exigió a Pedro Sánchez la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución «para restablecer el orden» y destituir al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Casado también propuso que las formaciones independentistas que «alientan o justifican la violencia» no reciban dinero público, por lo que solicita una modificación de la ley de partidos «para que se pueda actuar ya» contra quienes «están llamando a la confrontación civil».

Por su parte, el número uno de Ciudadanos, Albert Rivera, se preguntó «dónde anda» el presidente del Gobierno «ante el caos y la violencia sembrada por los separatistas» en Cataluña. «Hoy se ha humillado a la democracia española. No tenemos un Gobierno, tenemos un desgobierno», escribió en Twitter con el hashtag #EleccionesYa.

Un último apunte sobre lo que ocurre en Cataluña. La organización sindical más representativa de los Mossos d’Esquadra (USPAC) condena las agresiones sufridas por sus compañeros tanto el sábado 29 como ayer, 1 de octubre. Hasta 30 moscos han resultado heridos en sus enfrentamientos con los radicales.

USPAC denuncia que durante esos dos días los mossos se han visto desbordados por «el ataque violento e intolerable de determinados grupos radicales espoleados por intereses políticos partidistas» que han puesto en riesgo su vida. Por eso piden a Torra «que se deje de tanto apretar». Es «lamentable y inaceptable», dicen.

Además, insisten en que el Gobierno de la Generalidad les utiliza para tapar sus miserias cuando deberían dimitir de forma inmediata de sus cargos. Y se quejan de que al final serán ellos los que soporten la apertura de una información reservada por parte de la División de Asuntos Internos (DAI).