PP y Cs llevan al Constitucional las normas catalanas contra el español
La secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra
Por excluir el castellano de las clases en los colegios de Cataluña
Precisamente, uno de los fundamentos que los constitucionalistas usan en su recurso es que el Gobierno catalán vulnera la Constitución Española al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en dicha región
También recurren la consideración del catalán como ‘lengua de uso normal en la acogida del alumno’ porque desplaza y excluye por completo al castellano
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas aprobadas por la Generalitat de Cataluña para excluir el uso del castellano en los colegios catalanes.
El recurso ante el Tribunal Constitucional afecta a varios artículos del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como contra otros artículos de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Uno de los fundamentos del recurso es que tanto el Decreto como la Ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulnerando la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la propia doctrina del Tribunal en sentencia de junio de 2010.
En primer lugar, el recurso explica que el Decreto Ley vulnera el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 86 de la Carta Magna, al no existir fundamento habilitante para la utilización de dicha norma que requiere extraordinaria y urgente necesidad, además de trascender los límites establecidos en el Estatut para la utilización de dicho instrumento normativo.
Todo es una maniobra para eludir el cumplimiento de una sentencia. Tanto PP como Cs consideran que el hecho de que la Generalitat use un Decreto Ley alegando que es para preparar el curso escolar 2022-2023 no es válida pues ‘en realidad, esa inaplazable urgencia es una excusa para dar cobertura jurídica al incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 201/2020 de obligada ejecución para la Generalitat a ejecutarla’.
El recurso añade que se pretende erigir dicha norma en un supuesto de ‘imposibilidad legal’ de ejecutar el fallo de la sentencia, y que ‘la extraordinaria y urgente necesidad únicamente deriva de la urgencia en disponer de un instrumento normativo que le permita oponer esta imposibilidad legal de ejecución en los plazos procesales propios del incidente de ejecución de la sentencia’.
Asimismo, se impugnan las normas separatistas porque eliminan totalmente cualquier referencia normativa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, cuando es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas como vehiculares.
Otros fundamentos del recurso se centran en que las normas citadas vulneran preceptos constitucionales relacionados con la autonomía de los centros garantizada por la normativa básica del Estado y con la alta inspección como competencia exclusiva del mismo, además de la competencia del Estado para la regulación del uso del castellano.
En cuanto al poder que el Gobierno de la Generalidad da con sus normas al departamento de Educación para ‘verificar y validar la legalidad de los proyectos lingüísticos’ los populares alegan que vulneran el artículo 106 de la Constitución que establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Es decir, que ningún departamento, órgano o unidad administrativa puede asumir por sí misma control ni responsabilidad alguna de la actuación desempeñada en ejecución de sus competencias. ‘Y ninguna actuación o inactividad administrativa puede quedar exenta de control jurisdiccional’, añade el recurso conjunto de PP y Cs.
La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, esta mañana en el Parlamento catalán
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comparecido en el Parlamento catalán para denunciar el ‘decreto trampa’ del Govern independentista que busca ‘amordazar’ el uso del castellano en Cataluña. Tras reunirse con concejales de su formación en Cataluña, Arrimadas ha apuntado que la norma catalana contra el español en las clases ‘es un escupitajo al honor de los catalanes’ con la que el Gobierno de España ‘pretende dar impunidad al separatismo y ser una mordaza para los constitucionalistas’.
